Revelaciones escalofriantes sobre presunta corrupción en la asignación de contratos para suministro de agua
Por David Awad V.
La Fiscalía General de la Nación está evaluando acciones decisivas en relación con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de la misma entidad, en relación con un escándalo que implica la asignación de contratos para el suministro de agua mediante carrotanques en La Guajira, valorados en 46.800 millones de pesos.
Según revelaciones, el ente acusador ha solicitado un procedimiento especial de actuación restringida, marcando un significativo avance tras una reunión crucial entre el abogado José Moreno, representante de López, y la Fiscalía.
Olmedo López se encuentra en una situación compleja, al enfrentarse a un escenario judicial adverso tras la publicación de detalles sobre la manera en que se otorgaron ciertos contratos.
A pesar de la presión, López se muestra listo para defenderse en juicio, descartando por el momento cualquier acuerdo con la Fiscalía, se estableció que a partir de declaraciones obtenidas de sus abogados. “A diferencia de otros gobiernos, en el nuestro no hay lugar a errores; por eso presenté mi renuncia. Fui yo quien se fue”, afirmó López.
En el centro del debate está también la relación de López con figuras prominentes de la política colombiana, incluido el actual ministro Luis Fernando Velasco, y el senador Carlos Trujillo. López rechaza cualquier insinuación de que haya sido una cuota política de Trujillo y lanza un desafío al ministro Velasco a aclarar numerosos aspectos aún oscuros de este caso.
El recién nombrado director, Carlos Carrillo ha puesto en el foco denuncias de corrupción que plagan a la entidad desde su establecimiento. En medio de estas acusaciones, un caso particularmente llamativo involucra el descubrimiento de una maleta con quinientos millones de pesos en efectivo, lo que sugiere malversaciones que superan con creces los montos menores previamente reportados.
Las preocupaciones no solo se detienen en acusaciones de corrupción generalizadas, sino que se extienden a específicas insinuaciones sobre prácticas deshonestas tales como el cobro de un 30% sobre las cuentas por pagar para agilizar los respectivos desembolsos.
Olmedo denunció los hechos y aseguró que ha presentado varias quejas formales sobre estos incidentes y revela frustraciones con respecto a la falta de avances en las investigaciones. “Nada. El fiscal saliente no me reportó”, expresó, destacando la ausencia de comunicación y progreso en las pesquisas, a pesar de haber aportado “elementos probatorios” que podrían contribuir significantemente a la resolución de estos casos.
La trama se complica aún más con indicios de que un funcionario vinculado a la administración anterior, bajo Luis Fernando Velasco, podría estar directamente implicado en el escándalo del maletín con dinero. A raíz de ello, se han levantado cuestionamientos sobre si las denuncias presentadas comprenden también irregularidades durante el período de Velasco. En respuesta, López aseguró que conoce “el avance de las investigaciones, pero lo que sí podría decir es que el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar”.
Además, ante las acusaciones que sugieren un ataque al antecesor y a la administración actual para desviar la atención de temas como la polémica compra de carrotanques, López se defiende indicando que, en su función, respetó “el debido proceso y la presunción de inocencia”.
Argumenta que cualquier responsabilidad sobre dichas compras requiere una claridad sobre el alcance de las responsabilidades individuales y los procesos internos de la Ungrd, los cuales están meticulosamente definidos en su manual de contratación.
El escándalo toma una dimensión aún más profunda al confirmarse la existencia de un video que muestra la cuantiosa suma de dinero encontrado, lo cual contradice las declaraciones iniciales que minimizaban la cantidad a solo 5 millones de pesos.
“Todo pareciera indicar que sí es así”, confirma López respecto a la implicación del funcionario de la gestión previa en el caso del maletín y la existencia de pruebas audiovisuales que evidenciarían la magnitud real del monto encontrado.
Este complejo panorama revela no solo la densidad de las acusaciones de corrupción en la Ungrd sino también la resistencia encontrada por aquellos que buscan exponer y rectificar estos actos. Con declaraciones como “creo que los investigados de esos posibles hechos indecorosos hoy me quieren pasar factura”, se evidencian las tensiones y desafíos que enfrentan los denunciantes al confrontar la corrupción y buscar justicia.
El foco de la polémica se centra en cómo, de manera aparentemente “aleatoria”, se seleccionaron tres empresas interconectadas para cotizar los carrotanques, culminando en la adjudicación del contrato a Impoamericana Roger SAS. Lo peculiar del caso es que esta empresa, tras resultar ganadora, solicitó préstamos a las mismas entidades con las que competía, para poder cumplir con la compra de estos vehículos.
Al respecto, en la misma entrevista López aclaró que “estas personas o cualquier otro empresario del sector privado, tienen derecho a hacer empresa” y que la elección del proveedor es una cuestión que está más allá de su esfera de influencia, recalcando que existe un comité encargado de la selección, que actúa bajo normativas legales preestablecidas.
El asunto toma un giro más complejo con las acusaciones vertidas por Carrillo respecto a la falta de pólizas en los vehículos adquiridos, Olmedo López desmiente tal afirmación y enfatiza que “Carrillo será esclavo de sus propias palabras” y lo insta a un mayor conocimiento y respeto hacia la entidad involucrada.
Sin embargo, no solo las condiciones de contratación están bajo la lupa, sino también la efectividad y condición de los equipos suministrados.
