Se trata de la empresa Satel que tomó acciones legales para reclamar su dinero y embargó las cuentas de la empresa operadora del servicio de energía Air-e. Un contrato que se firmó en 2022.
Air-e ahora enfrenta embargos judiciales y aumentan las críticas por falta de pagos a proveedores.
El proveedor de energía Air-e, se encuentra en medio de una doble crisis: enfrenta una marcha ciudadana por las altas tarifas programada para el 11 de abril y ha sufrido un revés en los tribunales después de que el juzgado sexto civil del Circuito de Barranquilla fallara en su contra en una demanda interpuesta por el proveedor Sentel S.A.S.
En un fallo que ha sacudido a la empresa, se ha decretado el embargo de las cuentas bancarias de Air-e en entidades financieras por un monto de $1.500.000.000. Este golpe judicial representa una nueva complicación para la compañía, que ya se enfrenta a la presión pública debido a las quejas por las altas tarifas de energía en la región.
La demanda presentada por Sentel S.A.S. se originó a raíz de un contrato firmado en 2022 entre ambas partes, con el objetivo de que Sentel atendiera las urgencias en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Según el abogado Johnny Mendoza, quien representó a Sentel, el proveedor cumplió con sus obligaciones pero enfrentó problemas con los pagos por parte de Air-e.
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Mendoza explicó que, a pesar de los esfuerzos de Sentel por resolver la situación a través de mesas de trabajo y reuniones, Air-e persistió en su falta de pago. Incluso, durante una reunión en la que se constató el cumplimiento de las tareas acordadas, Air-e no cumplió con sus compromisos financieros.
El abogado Johnny Mendoza, quien defendió los intereses de Sentel, explicó que “nos tocaba disponer de personal y de todos los equipos que se requerían para atender esas emergencias. Además de la ejecución de unas tareas en unos colegios en el Magdalena”.
La sentencia del juzgado, que favoreció a Sentel, ha suscitado preocupaciones sobre la salud financiera de Air-e. El abogado Mendoza instó a las autoridades a investigar a fondo la situación de la empresa, advirtiendo sobre las posibles consecuencias graves de la falta de pago a proveedores. Esta situación no solo afecta a los proveedores directamente involucrados, sino que también plantea riesgos para la estabilidad del suministro de energía en la región.
“Nosotros solicitábamos mesas de trabajo a través de nuestra área financiera, el área de recursos humanos y nunca recibíamos una respuesta puntual. Ya después de siete meses, cuando nosotros iniciamos las acciones legales, nos dijeron que había un incumplimiento de parte nuestra. Entonces accedieron a reunirse con nosotros, hicimos unas visitas en los colegios donde ellos decían que no se había cumplido con las tareas. Los rectores y todos, incluso el mismo equipo de Air-e, manifestaron que sí se había cumplido con la tarea. Después de esa reunión que tuvimos, se pactaron unos compromisos y ellos volvieron a incumplir el pago”, agregó Mendoza.
“No es normal que una empresa incumpla los pagos con sus proveedores de esa forma. Debieran las autoridades investigar a fondo qué es lo que está ocurriendo con la salud financiera de Aire. Porque a fin de cuentas hoy somos nosotros, pero mañana puede amanecer toda una región sin un prestador de servicio de energía eléctrica porque resulta que están quebrados”, expresó el abogado.
La crisis financiera y legal de Air-e pone de relieve la importancia de abordar de manera urgente los problemas estructurales en el sector energético de la Costa Caribe, garantizando la transparencia y la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos.
