La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un llamado urgente a la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar las prácticas de algunas aplicaciones que ofrecen préstamos de dinero, luego de que un joven residente de Barranquilla denunciara ante la Fiscalía General de la Nación haber sido víctima de mensajes intimidatorios y extorsión por parte de una de estas aplicaciones.
Según la denuncia del joven, quien prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, comenzó a recibir amenazas de muerte e intentos de extorsión a través de mensajes de WhatsApp luego de utilizar una de estas aplicaciones para solicitar un préstamo. Alega que, aunque pagó en la fecha indicada, fue objeto de intimidación y presión para pagar nuevamente, incluso con montajes fotográficos y mensajes difamatorios.
El joven relató: “Me había ido bien la primera vez con la aplicación, por eso la seguí usando después. Dan 6 días para pagar y por ser la primera ocasión, hasta ofrecen promociones para prestar más luego. Pero, cobran el 66% por intereses en la tarifa de servicio. La segunda vez fue el 29 de marzo y hasta el 4 de abril tenía plazo para reembolsar. Resulta que un día antes, comienzan a presionarme, como les respondí inconforme y los bloqueé, me siguieron escribiendo desde otros números, todos de Ecuador y lo peor llegó cuando hicieron un montaje de que era un violador con foto de mi cara y resto de mi cuerpo hasta la barriga y se supone que solo era el rostro por requisito de seguridad. Hasta tienen todos mis contactos porque los piden para continuar con el acceso al inicio cuando se descarga. Imágenes sexuales venían incluidas para que creyeran que era yo realmente”.
Este incidente ha generado preocupación sobre la regulación y supervisión de las prácticas financieras digitales en Colombia. A principios de este año, la Corte Constitucional emitió un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio para monitorear quejas relacionadas con aplicaciones de préstamos de dinero, advirtiendo sobre prácticas abusivas que infrinjan los derechos fundamentales de los usuarios.
La Corte Constitucional ha afirmado que, si bien las entidades crediticias tienen derecho a reclamar deudas, deben hacerlo dentro de los límites legales y respetando los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data. Se espera que la Superintendencia de Industria y Comercio tome medidas inmediatas para investigar esta denuncia y garantizar la protección de los consumidores contra prácticas financieras abusivas.
