La Corte Suprema condenó a Luis Alberto Monsalvo a 21 años y 8 meses de prisión

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una condena contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, sentenciándolo a mas de 20 años de prisión como coautor responsable del delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Además de la pena de prisión, el exgobernador del Cesar será inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas, y se le impone una multa de $1.537.021.828 (mil quinientos treinta y siete millones veintiún mil ochocientos veintiocho pesos). Asimismo, deberá consignar al Ministerio de Justicia y del Derecho la suma de 71.26 smlmv, equivalente a 92.678.000 pesos.

Una vez dictada la sentencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tiene la responsabilidad de trasladar de inmediato al procesado a un centro de reclusión.

El caso se remonta al año 2015, durante el mandato de Monsalvo Gnecco como gobernador del Cesar, cuando el Programa de Alimentación Escolar del departamento fue adjudicado al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’. La condena en primera instancia revela irregularidades en el proceso de contratación, evidenciando que la Gobernación del Cesar efectuó un pago de $1.537 millones al contratista sin justificación, lo que constituye un claro caso de peculado por apropiación en favor de terceros.

Además, la Fiscalía destaca que el contrato estableció requisitos específicos que limitaron la competencia, favoreciendo al consorcio seleccionado previamente, lo que agravó la situación.

La condena contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, por su implicación en un caso de peculado por apropiación y contratación irregular en el Programa de Alimentación Escolar, destaca la determinación de la justicia en la lucha contra la corrupción en Colombia. La sentencia resalta la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública, así como la responsabilidad de los funcionarios en el manejo adecuado de los recursos del Estado.