El proceso de investigación por presunta financiación irregular y violación de topes en la campaña presidencial del Pacto Histórico ha dado un giro con la solicitud de nuevas pruebas en el curso de la investigación. Uno de los aspectos clave de esta indagación es la búsqueda de soportes de una consignación de 4000 millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), para determinar si se trata de ingresos no reportados de la campaña de Gustavo Petro.
Este proceso se originó en una denuncia anónima en febrero de 2023, que alegaba violación de los topes de financiación establecidos para la campaña. Según la resolución 0694 del 19 de enero de 2022, los topes eran de $28.536.520.492 para la primera vuelta y $13.347.457.247 para la segunda.
En medio de este proceso, se han revelado detalles sobre ingresos y gastos de la campaña. En un derecho de petición se informó que los ingresos para la primera vuelta fueron de $19.977.255.890, los gastos de $28.384.680.001 y las obligaciones pendientes de pago de $27.892.206.292. Para la segunda vuelta, los ingresos fueron de $11.638.068.743, los gastos de $13.199.709.794 y las obligaciones pendientes de pago de $13.169.208.958.
Además, se ha indagado sobre el informe de auditoría de la empresa Nexia Montes y asociados SAS acerca de la campaña presidencial. Sin embargo, el proceso se ha visto afectado por restricciones en el acceso a la información debido a su etapa de indagación preliminar, lo que ha generado confusión entre los ciudadanos sobre los alcances del proceso.
Por otro lado, el proceso también ha involucrado a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, quien ha sido acusado de apropiarse de parte de los fondos de la campaña y de una camioneta de alta gama. Además, se ha mencionado la presunta participación de otras personas en la financiación de la campaña, como Santa Lopesierra, el hijo del Turco Hilsaca, Fecode, la Uso, Euclides Torres y los gastos de la campaña en el Casanare.
En resumen, el proceso de investigación por presunta financiación irregular y violación de topes en la campaña presidencial del Pacto Histórico ha generado controversia y expectativa en la opinión pública, con la posibilidad de que se aplique el artículo 109 de la Constitución Política, que contempla la pérdida del cargo en caso de violación de los topes de financiación.
