Expertos y ciudadanos cuestionan propuestas del proyecto de Decreto de MinMinas sobre tarifas de servicios públicos

El proyecto de Decreto del Ministerio de Minas y Energía ha generado controversia por varios aspectos que se consideran problemáticos e incoherentes con la normativa vigente.

Por David Awad V.
Entre los puntos más debatidos se encuentra la propuesta de prohibir la facturación del alumbrado público en los recibos de luz, desconociendo la autorización establecida en la ley 1819 de 2016. Además, se cuestiona el cobro de la Tasa de Seguridad en el Atlántico, argumentando que si bien podría sacarse del recibo de energía, tendría que incluirse en otro servicio público. Por otro lado, se plantea la necesidad de revisar la fórmula tarifaria, destacando la importancia de nombrar en propiedad a los seis expertos encargados de esta tarea. También se critica el cargo por confiabilidad, argumentando que no debería aplicarse a fuentes de energía como la hídrica, solar o eólica, ya que solo las térmicas pueden garantizar energía firme.

Expertos y ciudadanos han expresado su preocupación y desacuerdo con algunas propuestas del proyecto de Decreto de MinMinas que busca modificar las tarifas de servicios públicos. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la propuesta de prohibir la facturación del alumbrado público en los recibos de luz, a pesar de estar autorizada por ley.

Además, se cuestiona el cobro de la Tasa de Seguridad en el Atlántico, argumentando que, si bien podría sacarse del recibo de energía, debería incluirse en otro servicio público para garantizar su pago y destinar los recursos a mejorar la seguridad. También se plantea la necesidad de revisar la fórmula tarifaria, eliminando el sobre costo por pérdidas de energía y comercialización.

Otro punto de discusión es el cargo por confiabilidad, que según los críticos, no debería aplicarse a fuentes de energía como la hídrica, solar o eólica, ya que solo las térmicas pueden garantizar energía firme. Se argumenta que este cargo beneficia a algunas empresas en detrimento de otras, como en el caso de Corelca, que se vio afectada por la aplicación de esta medida.

En resumen, los críticos del proyecto de Decreto de MinMinas piden una revisión más detallada de las propuestas y una mayor transparencia en el proceso de modificación de las tarifas de servicios públicos.