Los detenidos son el teniente coronel Javier Andrés Borrero Chavarro, el coronel Herbert Augusto Blanco Ruiz, el teniente Edwin Arley Rodríguez Aponte, el sargento viceprimero Fredy Meza Porras, el cabo tercero Freimerth Saith Otálora Salgado, el coronel retirado Faiver Coronado Camero, la mayor retirada Diana Marcela Molano Rojas, los sargentos primeros retirado Fernando Enrique Otálora Velandia y Rodrigo Alonso Agreda Camargo, los sargentos viceprimeros retirado Hernán Rodrigo López Páez y Jesús Jhoany Puerto Torres, los soldados profesionales retirados Juan Pablo Colorado Jaramillo, Melquisedec Amaya Nope, Luis Ariel Chavarro Martin y Jorge Stiven Tabares Jaramillo.
Según la Fiscalía, estas personas pedían dinero a fin de tramitar la situación militar mediante la alteración de los sistemas misionales del Ejército Nacional entre los años 2016 y 2022. Los estudiantes de colegios, universidades e instituciones oficiales en general eran ubicados por esta banda para conseguirles su libreta sin ninguna verificación a cambio de la suma de dinero entre $900.000 y $5.000.000. Las personas que estuvieran interesados eran ingresadas a un grupo de WhatsApp donde eran informados sobre la documentación requerida, la cual era registrada en el sistema misional ‘Fénix’, para gestionar la tarjeta.
Frente a esta investigación que era liderada desde el 25 de enero de 2022, el Ejército Nacional bloqueó 10.707 libretas militares que fueron tramitadas de forma ilegal.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos señaló a estas 15 personas de su posible participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y falsedad material en documento público. No obstante, al coronel retirado Faiver Coronado Camero le fue imputado el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones al portar un arma de fuego sin contar con un permiso. Los cargos no fueron aceptados por ninguna de las partes.
Algunos de los judicializados quedaron privados de su libertad en su lugar de residencia, mientras otros fueron enviados a centros carcelarios.
Así mismo, fueron afectadas las finanzas de los indiciados, siendo tomada la posesión de 51 bienes ubicados en los municipios de Pasto y Chachaguí, ubicados entre Nariño y Bogotá. Entre estos se encuentran 25 inmuebles rurales, 6 urbanos, 3 vehículos, 5 sociedades, 2 establecimientos de comercio y 10 acciones avaluadas preliminarmente en más de $15.549 millones de pesos
