Por David Awad V.
Francisco Sanabria Muñoz es un funcionario de carrera del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla. Se ha desempeñado como Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría, Código y Grado 233-08, por más de 25 años. Por esas cosas de la justicia, especialmente de las exhaustivas investigaciones, fue detenido igual que otros servidores públicos, con fundamento en una orden de captura librada por un juez de control de garantías de Bogotá, que investigaba a una organización criminal en la ciudad de Barranquilla. En una expresión de lo que se ha denominado la justicia show, la justicia espectáculo, fue capturado, paseado y presentado en los medios de comunicación, sometido a actos humillantes desde el momento mismo de su captura, violando su presunción de inocencia y afectando su dignidad personal, su buen nombre, su salud y la de su familia y el derecho a su trabajo.
Acusado temerariamente, el juez Tercero Municipal del Circuito de Barranquilla, lo absolvió y Francisco Sanabria Muñoz regreso a su trabajo.
El señor Fiscal impugnó el fallo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Magistrados Mola y Cabrera, de Barranquilla, revocó la decisión de primera instancia, condenándolo por el delito de concusión a la pena de 96 meses de prisión y a la multa de 66.66 Salarios Mínimo Mensuales Legales Vigente.
Francisco Sanabria Muñoz salió a defender su dignidad y su honor ante la Corte Suprema de Justicia, qué en Sala de Casación revocó la sentencia del tribunal y confirmó la del Juzgado Tercero Municipal de Circuito de Barranquilla. Además, ordenó cancelar la orden de captura emitida contra él y eliminar cualquier registro o anotación por este proceso. La situación jurídica corresponde a la de la decisión de primera instancia. Y la consecuencia de ésta, es su reintegro al trabajo.
Pocas veces en la vida, un ser humano siente tanta felicidad, como cuando tras una larga y honorable lucha, alcanza la justicia y recupera la libertad y la vigencia clara de sus derechos.
Así fue en principio, pero ahí comenzó la otra tragedia.
Francisco Sanabria Muñoz solicita su reingreso como funcionario de carrera del distrito, entre otras razones porque la sentencia de casación significa que FRANCISCO SANABRIA MUÑOZ no debió salir nunca de su cargo. La casación devuelve la situación jurídica al tiempo de la absolución producida en la primera instancia, lo que inmediatamente condujo al reintegro a su cargo como debió ser.
Ante la solicitud de reintegro la secretaria de gestión humana respondió que no procede, ya que su destitución se realizó conforme a la ley. Falsa afirmación porque el fundamento de la desvinculación es la sentencia de Tribunal qué fue revocada, y adicionalmente, no fue publicada, notificada ni comunicada. Esto mediante el decreto 0339 de 2018, emanado del despacho del alcalde.
Viola la funcionaria distrital la constitución y la ley administrativa, la disciplinaria y posiblemente la penal, pero sobre todo se mancilla el concepto de justicia; irrespeta la dignidad humana y el derecho al trabajo como valores fundantes del Estado Social de Derecho, que aquí resulta ser una falacia, que desconoce sus fines y los fines de la casación como recurso extraordinario. Con su abogado Porfirio Antonio Castillo Zamora, espera que la jurisdicción constitucional se pronuncie, y señale que todas las entidades del Estado están para proteger los derechos fundamentales, definición constitucional que también compromete al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, que es el primero que puede contribuir a resarcir esos perjuicios y a reparar los agravios causados con la decisión del tribunal Judicial, Magistrados Mola y Cabrera, con el reingreso al trabajo, como debe ser.
Es cuestión de justicia. Es cuestión que interesa a los fines del Estado social de Derecho y a los fines de la Casación, como recurso extraordinario.
Esta tragedia comenzó en agosto de 2015, con su captura y aún persiste.
