El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, ha sido destituido de su cargo luego de la polémica adjudicación de un contrato millonario para la expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greg and Sons. La decisión desencadenó una serie de acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, quien calificó el acto como una “traición”.
“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse“, expresó el presidente Petro.
El contrato, valuado en 600.000 millones de pesos, generó un intenso debate, especialmente después de que la Procuraduría General suspendiera al canciller, Álvaro Leyva, por tres meses, en medio de una investigación que revisaba más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas. A pesar de que la Cancillería había anunciado la suspensión de la licitación la semana pasada, Salazar tomó la sorprendente decisión de adjudicarlo este lunes.
Salazar defendió su decisión argumentando que se enmarca dentro de la legalidad y el cumplimiento de las leyes colombianas, por encima de cualquier directriz presidencial.
“Insisto en que por encima de cualquier instrucción de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, la ley contractual. Después de un procedimiento lícito que se surte con transparencia, se ordena evaluar el informe final y proceder a la implicación del contrato”, afirmó Salazar.
A pesar de la incertidumbre sobre el futuro del contrato con Thomas Greg & Sons, Salazar insistió en que la adjudicación se mantiene, señalando que las decisiones tomadas son de vigencia inmediata y entraron en vigor desde su expedición.
José Antonio Salazar afirmó no estar apegado al cargo, sino a la ley, y se mostró dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, reiterando que su actuación ha sido legal y transparente.
Sobre las bases de su decisión, Salazar explicó que se fundamentó en aspectos legales y procedimentales específicos, a pesar de las controversias y los desacuerdos públicos con la administración del presidente Gustavo Petro. Argumentó que el procedimiento licitatorio debía concluir naturalmente con la evaluación y adjudicación de la propuesta más favorable, y que el proceso se ajusta a la normativa colombiana, incluso en situaciones donde existe un único oferente.
