Cinco de las seis empresas de transporte público en Barranquilla que no pueden cobrar el reciente aumento en las tarifas de pasajes de Transmetro y buses urbanos, le adeudan al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) la suma total de $15.525 millones.
Estas empresas, que incluyen a Cootrasol, Transmecar, Trasalianco, Lolaya y Cootransco, argumentan que el FET es “ilegal”.
A pesar de la controversia sobre la legalidad del FET, el Plan Nacional de Desarrollo autoriza su cobro y recaudo. El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, anunció que el aumento solo podría ser cobrado por empresas que estén al día con el FET y afiliadas al Sibus.
El aumento en las tarifas, que comenzó a aplicarse el 15 de febrero, incluye un incremento de $300 para los buses urbanos y de $200 para Transmetro. Este aumento incorpora el costo de la tecnología Sibus, el valor del FET, el factor de calidad para la movilidad sostenible y ajustes a la canasta de costos del sector transporte cercanos al 9,28% del IPC.
Las empresas que cumplen con sus aportes al FET, como Coosoatlán, Coolitoral, Embusa, y otras, han aportado una cifra superior a los 100 mil millones de pesos desde la creación del fondo, cumpliendo con el sistema y dando la destinación específica que corresponde para dicho recurso.
