Concejo de Barranquilla otorgará facultades al alcalde Char por 4 años

Polémica en el Concejo de Barranquilla por la concesión de facultades al alcalde Alejandro Char, que se extenderán por un periodo de 4 años.

El Concejo de Barranquilla ha generado controversia al decidir otorgar facultades al alcalde, Alejandro Char, por un periodo de 4 años. Esta decisión ha levantado críticas. Se recuerda a Carlos Gaviria (QEPD) cuando calificó esta práctica como “un hábito poco democrático”.

La polémica surge en torno a la interpretación de los artículos 313-3 y 150-10 de la Constitución Nacional, que tratan sobre las facultades pro-tempere y las facultades por un periodo de tiempo limitado, respectivamente. Mientras que el artículo 150-10 establece que las facultades otorgadas al alcalde deben ser por un periodo máximo de 6 meses, el artículo 313-3 no especifica un límite de tiempo para las facultades pro-tempere, lo que ha generado confusión y debate sobre su aplicación.

El Concejo de Barranquilla ha argumentado que el literal del artículo 313-3 no establece una aplicación restrictiva de las facultades pro-tempere, lo que les permite otorgarlas por un periodo de 4 años. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por algunos sectores, que consideran que se está vulnerando el principio de separación de poderes y se está dando demasiado poder al alcalde.

Carlos Gaviria (QEPD) en su momento expresó su preocupación por esta situación, señalando que la concesión de facultades al alcalde por un periodo tan largo es un “hábito poco democrático” y que se está limitando la capacidad de control y fiscalización del Concejo sobre las acciones del alcalde.

Mientras que algunos sectores defienden esta práctica, argumentando que el artículo 313-3 no establece un límite de tiempo para las facultades pro-tempere, otros consideran que se está vulnerando el principio de separación de poderes y se está dando demasiado poder al alcalde.

Se espera que esta controversia se resuelva en los próximos días y que se tomen las medidas necesarias para garantizar el equilibrio de poderes y la transparencia en la gestión pública.