Informe revela vacío de más de 600 puestos en la entidad, con presuntas irregularidades en contratos.
La Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto una preocupante situación en Migración Colombia, señalando un importante déficit de personal que afecta su capacidad operativa. Según el informe presentado por el organismo de control, la entidad enfrenta un vacío de 670 cargos, lo que compromete su capacidad para hacer frente al creciente flujo migratorio y cumplir con eficiencia sus responsabilidades.
El documento, resultado de una exhaustiva auditoría, resalta la falta de proporcionalidad entre el recurso humano disponible y el incremento en los flujos de tránsito que ha experimentado el país en los últimos años.
«En vista de las necesidades identificadas en cuanto al talento humano y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1800 de 2019, la UAE Migración Colombia llevó a cabo un estudio de cargas laborales a través del contrato de consultoría N° 095 de 2022, el cual evidenció las deficiencias en la planta de personal», indica uno de los fragmentos del informe.
Además de la escasez de personal, el informe también señala presuntas inconsistencias en un contrato suscrito por Migración Colombia con la empresa Thomas Greg and Sons, encargada de recolectar datos en la frontera con Venezuela.
Ante esta situación, la Contraloría informó que Migración había solicitado autorización a la Cancillería para ampliar su planta de personal. Sin embargo, a pesar de contar con el visto bueno tanto de la Cancillería como del Ministerio de Hacienda, la modificación no se llevó a cabo según los lineamientos establecidos en el estudio que respaldaba la solicitud. Solo se aprobaron 123 nuevos puestos, ampliando el total de 1.598 a 1.721.
La controversia también se centra en que, según el informe, en noviembre y diciembre de 2022 no se habrían ejecutado los servicios contemplados en el convenio con Thomas Greg and Sons, interrupción que se produjo tras la apertura del punto fronterizo.
Por su parte, la UAE respondió afirmando que se había dado «cumplimiento a los procedimientos y formatos establecidos», defendiendo su gestión ante las observaciones de la Contraloría.
