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El narcotráfico ha consolidado su dominio en vastos sectores del país, con ciudades como Tuluá, Buenaventura, Tumaco, y gran parte de Nariño y Catatumbo bajo su control.
La situación se agrava en Urabá, Bajo Cauca y barrios marginales de ciudades como Bogotá, Cúcuta, Cali, Medellín, Pereira y Barranquilla. La amenaza se extiende a ciudades intermedias como Manizales, Popayán y Bucaramanga.
Mientras tanto, el presidente Petro es acusado de instigar a vándalos financiados por el narcotráfico para desestabilizar el país y amedrentar a la Corte Suprema de Justicia. La desinstitucionalización y la búsqueda de poder totalitario se atribuyen a la falla estructural del sistema político.
Los dirigentes políticos, responsables de la elección de Petro, son señalados como oportunistas que lavan sus manos ante la crisis. Mientras tanto, el narcotráfico, principal generador de violencia, crece y se fortalece, con el respaldo cínico del presidente Petro.
Se hace un llamado a una solución política integral, alejada de discursos militares y confrontaciones mediáticas. Cada sector debe asumir su responsabilidad, sin caer en la retórica populista.
La solución requiere un compromiso real y coordinado de todas las fuerzas políticas y sociales del país.
