Tras la expedición de un nuevo decreto en el que se toman más medidas contra la prostitución del Centro Histórico, Caribe Afirmativo se volvió a pronunciar.
La organización Caribe Afirmativo, defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+, se pronunció nuevamente en contra de las medidas tomadas por la Alcaldía de Cartagena en el Centro Histórico de la ciudad.
El colectivo aseguró que el alcalde “insiste en perseguir y desproteger a las personas trabajadoras sexuales y a quienes ejercen el comercio popular” al ampliar las prohibiciones en este sector a través del Decreto 0065 de 2024.
“El principal efecto de estas medidas es el control permanente en el ingreso a distintas calles del Centro Histórico, limitando de este modo el acceso de trabajadores informales. Además, fortalece la criminalización de quienes ejercen el trabajo sexual, sin observar que son personas de especial protección constitucional”, dijo Caribe Afirmativo.
Piden mesa de diálogo
Reiterando lo que habían expresado en su primer pronunciamiento en contra del Decreto 0003 de 2024 (donde se establecieron las primeras medidas restrictivas), indicaron que es necesario crear mesas de diálogo para la construcción de una hoja de ruta que prevenga y sancione el delito de la trata de personas, sin aumentar la estigmatización y vulneración a los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y el comercio popular en las zonas de cobertura del decreto.
La organización reprochó que a pesar de este pronunciamiento donde se pedía concertación con los grupos afectados, la Alcaldía respondió con más restricciones. “No solo se consolidan afectaciones al derecho constitucional de ejercer el trabajo sexual, sino también otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y el trabajo, así como otros derechos como la libertad de circulación en el espacio público. Con esta medida se fomenta la segregación de las personas que son percibidas o que propiamente ejercen las mentadas labores”, indicaron.
Según Caribe Afirmativo la situación se agrava al ser la Policía Nacional quien tiene la potestad de determinar quién ingresa o no al Centro Histórico, lo cual puede derivar en violencia policial.
“Dicha preocupación se relaciona con el registro histórico de violencia policial en la zona, pues el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, entre 2007 y 2002 ha registrado 50 casos, siendo el 70% en Cartagena. Estos casos se caracterizan por la perfilación de sujetos sexualmente diversos y el uso de las armas de dotación para intimidar, constreñir, amenazar y lesionar”, puntualizaron.
“La protección es obligatoria”
En el decreto, el Distrito afirma que dado el carácter transitorio de las restricciones y con el fin de garantizar los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual se estudiará la viabilidad de precisar áreas específicas para el desarrollo de estas actividades, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está en estudio.
Sin embargo, desde Caribe Afirmativo aseguraron que con esto la Alcaldía pone en tela de juicio la obligatoriedad de la protección de los derechos de estas personas.
“La protección de los derechos de las trabajadoras sexuales no está supedita ni se posterga en virtud de un proceso de revisión de un POT. Debe ser una responsabilidad integral y permanente por parte de quien gobierna un territorio”, aseguraron.
