La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se encuentra en proceso de revisar el concepto enviado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, respecto a la solicitud de licencia ambiental para las intervenciones planificadas en el Canal del Dique.
La entidad enfatizó que su decisión se basará en el marco legal establecido por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, con un compromiso total de actuación transparente y rigurosa.
Este anuncio surge en medio de intensas críticas y preocupaciones expresadas por mandatarios regionales, quienes advierten posibles repercusiones en caso de que la licencia no sea concedida.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó su inquietud sobre las trabas que podrían afectar la navegabilidad de la bahía, el parque natural Islas del Rosario y el suministro de agua potable en la capital del departamento Bolívar.
En su artículo de opinión titulado “SOS por el Canal del Dique“, el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, resaltó el impacto negativo que la demora en la obtención de la licencia está teniendo en la comunidad afectada. Acosta coincidió con el alcalde Turbay al afirmar que exigir licencia ambiental para un proyecto de restauración ambiental, considerado el más importante de Latinoamérica, parece contradictorio.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también expresó su respaldo al proyecto, destacando su inversión cercana a dos billones de pesos y su impacto ambiental y social. El ex funcionario se unió a las voces de ayuda que buscan la ejecución inmediata del proyecto, subrayando la importancia del respaldo de toda la región Caribe.
La controversia en torno al Canal del Dique continúa generando debate y expectación, mientras la Anla evalúa cuidadosamente la solicitud de licencia que determinará el destino de este proyecto crucial para la región.
