Por: Jorge Vergara Carbó
Hemos sido pioneros en muchas actividades de la vida en la Región Caribe; fuimos precursores de la radiodifusión, la aviación comercial, el fútbol, el béisbol, el basquetbol; lideramos la integración regional para defender nuestros derechos, constituimos la Liga Costeña, creamos la primera entidad de planificación regional, llamada Sipur, que fue un esfuerzo impulsado por la OEA y sostenido con recursos de las gobernaciones; fuimos la primera y única región del país en elaborar su propio plan de desarrollo “Un Viaje Hacia el Futuro” con una metodología participativa de todos los estamos costeños; en el gobierno de Belisario Betancur diseñamos un ente planificador nuevo para reemplazar al SIPUR, el cual fue creado por la Ley 76 de 1985 y llamado Consejo Regional de Planeación -CORPES de la Costa Atlántica-, estableciendo en esa ley facultades para que el gobierno creara los otros CORPES. Para ello le brindamos asesoría al Departamento Nacional de Planeación -DNP- para que impulsara esos CORPES. Entidades, estas que desaparecieron sin gloria ni pena, tal como acabaron a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA-, la única empresa que integraba a toda la Región Caribe. Sin esa entidad no se hubiera logrado nada. Hoy nos sigue faltando.
A la fecha no hemos podido reemplazar al CORPES y mucho menos a CORELCA. Hoy contamos teóricamente con una Región Administrativa de Planeación -RAP- que no cuenta con una estructura administrativa y financiera que garantice el cumplimiento de sus objetivos. Mientras tanto, las RAP en el resto del país vienen actuando desde hace varios años. En el año 2020, el acto legislativo 02 de 2020, se creó la Región Metropolitana de Cundinamarca y Bogotá, una figura que no existía en la estructura administrativa y jurídica del país, a la cual el gobierno nacional le girara anualmente la suma de $73.000 millones, ajustados por el IPC. En enero del 2024, escogieron a su director mediante concurso público.
Al respecto de la RAP, en enero 17 del 2019, publicamos un artículo titulado “Comentarios sobre la Ley de Regiones en Colombia”, en donde afirmábamos lo siguiente: las RAP, que se aprobaron no han funcionado. No cuentan con recursos financieros para su operación. La deben financiar las entidades territoriales (los Departamentos) los cuales con contadas excepciones no cuentan con recursos para aportar. Ya tuvimos esa experiencia en la Región Caribe con el SIPUR, que si bien funcionó al comienzo con buenos resultados con el tiempo terminó para poder subsistir convirtiéndose en una firma de consultoría que cobraba por sus trabajos y con ello mantener la nómina. Igual a lo que acontece hoy con EDUBAR en el Distrito de Barranquilla, que de entidad de planeación urbana no tiene nada, dedicándose a realizar trabajos de interventoría para subsistir con resultados malos por la sencilla razón de no contar con el personal especializado para esas labores, y en entidad utilizada para contratar obras públicas.”
Pretendemos hoy convertirnos en Región entidad Territorial -RET- sin antes poner a funcionar la RAP. O como planteara el presidente del Senado Iván Name en la audiencia pública celebrada en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, convertirnos en regiones Autonómicas como existen en España. Propuestas impulsadas con el argumento que es la única forma de acabar con el centralismo que nos está matando. Otros hablan de federalismo como alternativa de desarrollo.
Incluso, en el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro se contempla, en el artículo 29, la creación de Regiones Autonómicas, iniciativas creemos del partido Verde en cabeza del senador Iván Name, como un saludo a la bandera porque de todos es conocido que el presidente Petro no compagina con esa o parecida iniciativa ya que, en 18 meses de gobierno, en sus intervenciones ni en sus tuits, para nada habla de la regionalización y menos de regiones autonómicas.
EL GOLPE A LA DESCENTRALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Tenemos que entender que el país cambió con la Constitución Nacional (CN) de 1991, al igual que venía cambiando con los intentos de descentralización dados en el gobierno de Turbay Ayala, Belisario Betancourt y Virgilio Vargas. Procesos que se consolidaron con la Constitución del 91 con el situado fiscal, que establecido una transferencia del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), a las entidades territoriales, porcentaje que, en el trascurso de los años, disminuyó al 26 %., en el año 2023.
Debido a la crisis fiscal, de los 90 se reformó la CN en lo concerniente al Situado Fiscal con la Ley 60 de 1993, determinando que para los años de 1.992 a 1.994, las entidades territoriales recibirían el 22,1% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN); para 1995, el 23,5% y para los años 1996 y 1997, el 24,5% de los ICN. Lo que indica que, con las reformas a la CN se ha disminuido la participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación, al pasar del 46.5% al 24,5%.
Después, con el acto legislativo 01 del 2001 y la Ley 715 del 2001, que empezó a regir a partir del año 2002, los ingresos de las entidades territoriales transferidos ese año fueron de $11,7 billones, un 4,1% del PIB ($280,6bill). Después vino el acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 del 2007, leyes que cambiaron el concepto aplicado en el situado fiscal, que fue reemplazado por el Sistema General de Participaciones (SGP), calculado ahora por el incremento del IPC + 2 puntos, y no por los ingresos corrientes de la nación.
CUADRO QUE RELACIONA EL SGP CON ICN Y EL PIB EN BILLONES DE PESOS
AÑO SGP ICN PIB SGP/ICN SGP/PIB
2002 11.6 27.5 280.6 42.2 4.1
2003 12.7 31.9 254.2 39.8 5.0
2004 13.8 36.9 246.0 37.4 5.6
2005 14.8 42.5 514.9 34.8 2.9
2006 16.4 51.5 549.4 31.8 3.0
2007 17.7 57.7 586.3 30.6 3.0
2008 19.7 65.1 605.6 30.2 3.2
2009 22.1 65.6 612.4 33.7 3.6
2010 23.0 67.9 640.0 33.9 3.6
2011 24.5 84.6 684.6 28.9 3.6
2012 26.1 96.5 711.3 27.0 3.7
2013 28.1 98.8 747.9 28.4 3.7
2014 28.9 96.4 855.4 30.0 3.4
2015 30.8 107.0 797.3 28.8 3.8
2016 33.6 109.1 821.4 30.8 4.1
2017 35.9 123.0 832.5 29.2 4.3
2018 37.2 132.6 853.9 28.0 4.3
2019 41.1 153.0 881.1 26.8 4.7
2020 44.3 132.5 817.2 33.4 5.4
2021 47.6 162.4 907.2 29.3 5.2
2022 50.1 213.3 975.3 23.5 5.5
2023 56.2 215.8 979.0 26.0 5.7
TOTAL 636.2 2.171.6 15.153.5 29.3 4.2
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional (ICN)-DANE(PIB). DNP (SGP). Cálculos de Jorge Vergara
Lo anterior ha significado que del 2002 al 2023, las trasferencias al SGP ha venido aumentando, al pasar de $11,7 billones en el 2002, a $56,2 billones en el 2023. Pero esos recursos, al compararlos con los ICN, muestran una disminución significativa. De un porcentaje inicial del 46.5% de los ICN, al 26%, en el año 2023. Una pérdida de 20.5 puntos, que son significativos.
De haberse mantenido el espíritu de los constituyentes de 1.991, de trasladarle a las entidades territoriales el 46.5%, de los ICN, el monto a trasferir en un ejercicio que hicimos del año 2002 al 2023, hubieran sido de $1331.8 billones ($2.864.2 billones x46.5%). En ese periodo solo se recibieron $610 billones. Lo que significa un faltante de $721.8 billones, dinero necesario para que las regiones hubieran podido mejorar sus niveles de educación, salud, dotar de agua potable y alcantarillado a su población y por supuesto disminuir sus niveles de pobreza. Plata que se quedó en manos del gobierno nacional, como hoy se sigue quedando, para que alcaldes y gobernadores tengan que ir a suplicar a los ministros y al presidente de la República para que le asigne recursos del PGN para darle cumplimiento a sus planes de desarrollo.
En cuanto a la participación de las transferencias con relación al PIB, del 2005 al 2015 se mantuvo entre el 3% y el 3,8%; del 2016 al 2020, entre el 4,1% y el 5,4%. Estos últimos tres años ha estado por encima del 5,2%. El golpe dado a la descentralización de los recursos de la Nación, ha sido tan fuerte que los recursos recibidos por las entidades territoriales del 2002 al 2023 se multiplicaron 4,8 veces ($56.2 bill/$11.7), mientras los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) se multiplicaron 7,8 veces ($215.8bil /27.5). (ver anexo)
CUAL ES LA SITUACIÓN HOY
Esa es la realidad que viven hoy las entidades territoriales. Reciben menos recursos y asumen más responsabilidades. Les toca como antaño, recurrir al gobierno central a mendigar recursos para hacer obras que le lleguen a la gente. Justamente lo que se quiso cambiar con la Constitución del 91. Con el trascurrir del tiempo se perdió el espíritu descentralista aprobado por los constituyentes, hasta el punto que se cambió el sistema de reparto de los ICN se pasó a incrementos anuales de la inflación (IPC) más dos puntos, lo que perjudico a las entidades territoriales, en beneficio del gobierno central, tal como lo expresamos en los párrafos anteriores.
Es hora que el gobierno central, como quienes impulsan los procesos integracionistas entiendan que a las entidades territoriales, especialmente a los municipios pequeños, lo que les interesa es contar con recursos financieros suficientes para poder darle cumplimiento a su plan de desarrollo, y así debe ser, porque el problema del centralismo tan criticado es ejercido también por los gobernadores, que poco delegan recursos a sus municipios, o por los alcaldes que no creen en las alcaldías menores y en los ediles al no delegarles funciones y recursos para que cumplan sus funciones constitucionales.
En el Caribe seguimos soñando con constituirnos algún día en una entidad territorial con autonomía administrativa y financiera, con el inconveniente que quienes siguen manejando el proceso, son los mismos desde hace más de 30 años, sin haber logrado resultados satisfactorios en todo ese tiempo a pesar de haberse presentado oportunidades en los gobiernos de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos. Nunca se preocuparon de vincular a los jóvenes de la región caribe, hasta el punto que hoy podemos asegurar que las nuevas generaciones no saben o conocen la teoría de la descentralización y desconocen también el esfuerzo que se hizo sobre el tema en años anteriores. Ni las universidades públicas, ni privadas, ni los colegios instituyeron la cátedra de integración regional, de regiones autonómicas o de federalismo, en estos 30 años.
Hoy lamentablemente hay que decirlo, estamos rezagados y bien rezagados con el interior del país. Perdimos ese liderazgo, con un agravante que las nuevas generaciones no conocen o no saben, que es eso, de las regiones autonómicas, como operan, de ahí, que, si salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre esos temas, es poco o nada de lo que sabe.
Así lo siente el exalcalde Jaime Pumarejo, quién inteligentemente en la audiencia pública citada en Barranquilla por el Senado de la República, expresó el sentir como alcalde, y habló en nombre de todos los alcaldes y gobernadores del país para proponer como tema central, la “reformar al SGP” (Sistema General de Participación) para que los entes territoriales reciban mayores recursos de tal forma que les permita cumplir sus necesidades básicas insatisfechas.
Su propuesta fue entendida y acogida por todos los presentes en ese foro. Es que esa es la línea a seguir. A un alcalde o gobernador lo que le interesa es contar con recursos para cumplirle a sus electores. No le interesa lo de las regiones autonómicas, porque entiende que con los recursos puede pasar lo mismo, queden centralizados en cabeza de las gobernaciones o del gobernador regional, tocándole hacer lo mismo que hoy hace, que, en vez de ir a Bogotá, tiene que viajar a la ciudad capital de su Departamento para que le otorguen unos recursos.
La realidad es que esa iniciativa del exalcalde Pumarejo no dudo que contará con todo el apoyo de los alcaldes y gobernadores recién elegidos, al igual que los parlamentarios. Esperamos también que su propuesta sea acogida por el presidente Petro y, lo más importante, es que para lograrlo no hay que reformar la CN, tal como lo expresaron el exconstituyente y exprocurador Fernando Carrillo Flórez; el presidente de Fedesarrollo, Luís Fernando Mejía y el presidente de los gremios de Colombia Bruce Mac Master.
Esperamos que las nuevas generaciones del Caribe Colombiano, asuman un liderazgo nacional que tanta falta le hace al Caribe colombiano tomando inicialmente como bandera la reforma del SGP. El objetivo lograr que las transferencias sean el 50% de los ICN.
Pero ese liderazgo, tiene que abarcar otros temas de interés regional y nacional, uno de ellos es continuar con la lucha para bajar las tarifas de energía eléctrica del Caribe e insistir ante el Consejo de Estado para que se pronuncie sobre las demandas que se han impetrado sobre las tarifas, por varios actores, entre ellos la del exalcalde Jaime Pumarejo. Igualmente deben liderar un movimiento o partido político en el país, que se constituya en otra alternativa política distinta, con su propia plataforma de gobierno, con vocación de poder, que participe en el debate electoral para el Congreso y las presidenciales del 2026. Igualmente apoyar el proceso de transición de la RAP Caribe a una RET,
Impulsar la “Liga Caribe” es un buen argumento para aglutinar a las nuevas generaciones en la transformación no solo del Caribe colombiano, sino del país. Necesitamos cambios a gritos. No podemos seguir esperando. El Caribe voto por Gustavo Petro, por el cambio, le coloco el 23%, de los votos con ellos ganó. Pero la Región no se puede quedar cruzada de brazos esperando que el presidente Petro le cumpla sus promesas. Nos corresponde a nosotros organizarnos para lograr los cambios, que permitan mejorar nuestros índices de pobreza, de desempleo, de informalidad y de mala calidad en la educación.
Barranquilla, enero 15 de 2024.
