Un juez penal sentencia a 9 años y 8 meses de prisión a dos patrulleros por exigir pago a motociclista tras una requisa.
En un fallo emitido por un juez penal del circuito de Medellín, los patrulleros de la Policía Nacional, Sergio Ascanio Estévez y Mauricio Rafael Peñetes Osorio, fueron condenados a una pena de 9 años y 8 meses de prisión cada uno. La condena se basa en los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2020, en el barrio Robledo de la capital antioqueña.
Según la investigación llevada a cabo por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los patrulleros se excedieron durante una requisa a la víctima, donde encontraron fotos de armas en su celular. Alegando que estas imágenes vinculaban al hombre con una organización criminal en la zona, los policías le informaron que debían detenerlo.
“La Fiscalía estableció que los ahora condenados se excedieron en una requisa a la víctima, y en el celular encontraron fotos de armas. Los uniformados le informaron al hombre que dichas imágenes lo vinculaban con una organización criminal que delinque en la zona, por lo cual debían detenerlo”, precisó la Fiscalía.
La Fiscalía sostuvo que los dos uniformados exigieron al motociclista el pago de un millón de pesos a cambio de no judicializarlo, configurando así el delito de concusión. Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa equivalente a 87.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de los hechos. Asimismo, los patrulleros fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 96 meses.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la lucha contra el abuso de autoridad y la corrupción en las fuerzas del orden, destacando la responsabilidad legal que recae sobre quienes transgreden los principios éticos y legales en el ejercicio de sus funciones.
“Además de la pena de prisión impuesta, la sentencia dispone que los uniformados deberán pagar una multa equivalente a 87.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. También fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por 96 meses”, puntualizó el ente acusador.
