El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué ha otorgado la primera libertad condicional bajo la figura de «cabeza de familia» establecida en la Ley 2292 de 2023, también conocida como la ley de «servicio de utilidad pública». Esta medida innovadora permitirá que una mujer cumpla su condena por hurto a través de un plan de trabajo comunitario de 18 horas semanales, contribuyendo a proyectos de desarrollo social y conservación ambiental.
Este caso marca un precedente en el sistema judicial, al ser la primera instancia en la que una mujer puede sustituir la cárcel por contribuciones sociales. Según el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, esta figura beneficia a mujeres que hayan cometido delitos menores en situaciones de marginalidad o pobreza, y que son cabezas de hogar.
Además de realizar trabajo comunitario, la condenada deberá cumplir con otras obligaciones, como comparecer ante la autoridad judicial, permitir visitas del personal del INPEC y mantener una buena conducta, absteniéndose de participar en actividades delictivas.
