En un desarrollo crucial para el futuro de la empresa de servicios públicos Triple A en Barranquilla, un tribunal internacional asumirá la responsabilidad de resolver la disputa entre el Canal de Isabel II y Colombia.
Los miembros designados para este tribunal son Bernard Hanotiau, propuesto por el demandante Canal Extensia, y Dyalá Jiménez Figueres, abogada y consultora costarricense, designada por Colombia. Además, Luca G. Radicati di Brozolo, de nacionalidad británico-italiana, actuará como árbitro en esta demanda presentada en enero de 2023 por Canal Extensia. La demanda busca una indemnización por la pérdida de la empresa Triple A.
El proceso se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La demanda alega que Colombia violó el Acuerdo a través de diversas acciones estatales, incluyendo medidas tomadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en relación con la enajenación temprana de las acciones de la CEXA en Triple A.
Entre las acciones cuestionadas se encuentran la acción popular iniciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos según el Contrato de Asistencia Técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en Triple A.
El desenlace de esta disputa tendrá implicaciones significativas para el futuro de Triple A y su prestación de servicios públicos en Barranquilla. Se espera que el tribunal internacional proporcione una resolución justa y equitativa en este complejo conflicto entre las partes involucradas.
