La empresa Thomas Greg and Sons (TGS) ha generado controversia desde hace algunos meses al participar en la contratación de casi 3 billones de pesos con más de 100 entidades públicas en el país. La atención se centra en las licitaciones con la Cancillería, donde la compañía ha ganado la mayoría de los contratos sin competencia alguna.
La polémica ha escalado debido al conflicto surgido durante el proceso de licitación de pasaportes. Este conflicto cobró fuerza después de que, en septiembre, el presidente Gustavo Petro cuestionara la participación de Thomas Greg & Sons en la contratación pública del Estado. En respuesta a las tensiones, la empresa ha solicitado a la Cancillería una conciliación extrajudicial.
A través de esta solicitud, TGS busca que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le adjudique el contrato de pasaportes o, en su defecto, que se les compense con 107 mil millones de pesos, que representan las “utilidades dejadas de recibir” por la empresa.
Adicionalmente, TGS solicita una reparación por el daño reputacional que afirman haber sufrido. La petición incluye una cuantía de 10 mil millones de pesos, justificada por los “infundados cuestionamientos de que fueron víctimas”.
Cabe destacar que la licitación de pasaportes fue declarada desierta hace más de un mes por el canciller Álvaro Leyva. La decisión se basó en la participación exclusiva de Thomas Greg & Sons, siendo la única empresa presente para el contrato de 600.000 millones de pesos.
La solicitud de conciliación presentada por Juan Pablo Estrada, abogado de TGS, incluye la petición de declarar nula la resolución 7485 de 2023, la cual dejó desierto el proceso de licitación pública. Además, se establece la condena al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de no poder adjudicar el contrato resultante, a pagar a la Unión Temporal de Pasaportes 2023 la utilidad dejada de percibir, cifrada en $107.507.163.749.
La situación plantea desafíos significativos en la esfera de la contratación pública, generando debates sobre la transparencia y la competencia en los procesos licitatorios del país.
