Sobre el caso de Alberto Murillo Palmera, exalcalde del Municipio de Zambrano, Bolívar.
El 28 de junio pasado, Murillo fue condenado en primera instancia por el Juez Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar por el delito de Prevaricato por omisión, aunque sorprendentemente fue exonerado del cargo ambiental.
La defensa de Murillo Palmera y la Fiscalía 40 de Cartagena de Indias apelaron el fallo, llevando el caso a una segunda instancia que recayó en la sala penal del Tribunal de Justicia de Bolívar, bajo la jurisdicción de la magistrada Patricia Corrales.
En un giro desconcertante, el juez de El Carmen de Bolívar, a pesar de haber ordenado la captura en centro carcelario y negar la libertad subrogada, no emitió la orden de captura de Murillo Palmera, violando las reglas establecidas para condenados por delitos contra la administración pública.
Ante esta omisión, el abogado de las víctimas solicitó a la magistrada Patricia Corrales la captura inmediata de Murillo. Corrales emitió un auto indicando que era el juez competente para librar la orden de captura y señaló la morosidad del juez de El Carmen de Bolívar en cumplir su propio fallo.
Sin embargo, la orden de captura se emitió el 15 de noviembre de 2023, y hasta la fecha, las autoridades, incluyendo al CTI y la Policía Nacional, no han logrado capturar a Murillo. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía 49 de Cartagena y las notificaciones a la Policía de Zambrano por parte de las víctimas, el paradero de Alberto Murillo sigue siendo desconocido.
El exalcalde parece haber sido advertido, posiblemente para que se diera a la fuga, después de que este portal expusiera su situación de andar libre, impune y descaradamente. Esta situación, con la aparente complicidad de las fuerzas policiales y la justicia en los Montes de María, plantea serias interrogantes sobre la eficacia y la imparcialidad del sistema legal en la región.
