En medio de la paralización del sistema de transporte masivo y el crecimiento del cementerio de buses, Transmetro y el Consorcio Grandes Proyectos han alcanzado un acuerdo de pago por un monto de $16.473 millones. Sin embargo, el contencioso judicial que envuelve esta transacción aún está pendiente de la aprobación final por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.
La complicada situación se remonta a mayo de 2021, cuando se emitió un mandamiento de pago contra Transmetro por una demanda ejecutiva presentada por el Consorcio Grandes Proyectos. La deuda ascendió a $18 mil millones, y el Gobierno Nacional destinó específicamente $27.269 millones para la operación de los sistemas masivos de transporte en septiembre de 2023.
La controversia surgió cuando el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, dirigió los fondos asignados a una cuenta embargada, generando malestar en la ciudad de Barranquilla. La alcaldía se vio obligada a abordar la situación y buscar una resolución.
Después de una etapa de conciliación, Transmetro y el Consorcio Grandes Proyectos acordaron un pago inferior a los $17.939.615.915. La propuesta de transacción judicial se presentó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, destacando la intención de evitar mayores pérdidas y recuperar fondos comprometidos.
La contadora, en una liquidación presentada el 28 de noviembre de 2023, estableció el crédito en $16.523.109.416, mientras que las partes acordaron transigir por $16.473 millones, renunciando a la diferencia. A pesar de esta armonía aparente, el destino de los más de $50 millones restantes permanece en duda.
La comunidad se pregunta por qué el gerente de Transmetro ha centrado sus esfuerzos en negociar con el Consorcio en lugar de abordar la paralización del sistema de transporte y la aparente falta de atención a la flota de buses. Mientras tanto, los usuarios se ven afectados por interrupciones en el servicio, aumentando las tensiones en la ciudad.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico tiene la última palabra sobre la aprobación de esta transacción judicial, y la incertidumbre persiste sobre el destino final de los recursos asignados al sistema masivo de transporte.
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