Jalón de Orejas de Pumarejo a Isaza por intentar burlar el Sistema Judicial de Transmetro

El Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, arremetió contra el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, acusándolo de intentar “burlar el sistema judicial” al abrir una cuenta en una fiducia para depositar los $27.269 millones destinados al sistema de transporte masivo, los cuales terminaron embargados.

En declaraciones a medios locales, Pumarejo reveló que ya existía un embargo y una sentencia judicial que obligaba a Transmetro a pagar una deuda a uno de sus operadores. A pesar de estas circunstancias, Isaza optó por abrir una cuenta en otro banco para recibir los fondos del Gobierno Nacional, esperando evitar un embargo inmediato. Sin embargo, la cuenta fue embargada rápidamente, desencadenando un escándalo en la ciudad.

El Alcalde criticó la actuación de Isaza, señalando que tomó atribuciones que no le correspondían y trató de evadir la orden judicial. Advirtió sobre las posibles consecuencias legales de sus acciones y calificó el acto como una “ligereza” que podría haber comprometido al gerente.

Desafortunadamente ese dinero fue embargado, y la orden judicial dice que tiene que pagar una deuda con los operadores“, afirmó Pumarejo. A pesar de la situación, aseguró que el dinero no se perderá, ya que se destinará a sanear el sistema de transporte masivo.

El Alcalde informó que se están realizando gestiones para liberar parte de los fondos, alrededor de 9 mil millones de pesos, que se destinarán a los operadores siempre y cuando cumplan con el funcionamiento del sistema.

El contexto del conflicto radica en la demanda presentada por el Consorcio Grandes Proyectos contra Transmetro, que resultó en una deuda de $18 mil millones. Tras una etapa de conciliación, las partes acordaron un pago inferior a los $17.939.615.915, aunque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico aún debe dar la aprobación final.

La situación subraya los desafíos financieros y legales que enfrenta Transmetro, así como la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a servicios esenciales para la comunidad.