Un proyecto de ley que tiene como propósito esencial «deshacinar» las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI, radicó este martes la Defensoría del Pueblo en el Congreso de la República. En la actualidad y a nivel país, el hacinamiento es del 123% en esos centros de detención transitoria.
La iniciativa, que pretende modificar algunos artículos del Código Penitenciario, establece un listado de fuentes de financiamiento para que los entes territoriales inviertan recursos que permitan, por ejemplo, la construcción de sitios de reclusión para los sindicados o detenidos preventivamente y, de esta manera, brindar las condiciones mínimas, además de garantizar una serie de derechos fundamentales.
“Hemos presentado esta iniciativa para que el Gobierno Nacional, las alcaldías y gobernaciones asuman una responsabilidad real en la atención a estas personas privadas de la libertad. Esperamos que, una vez aprobado el proyecto de ley, sean puestas en marcha medidas que contribuyan al deshacinamiento y a la garantía de mínimos vitales como la alimentación y sitios de detención en condiciones dignas, de salubridad, entre otros”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El proyecto, que en su radicación fue acompañado por congresistas de distintas bancadas, también ayudará a la separación efectiva entre condenados y procesados, lo cual impulsará al Gobierno Nacional a centrar esfuerzos en la resocialización de la población condenada.
Esta iniciativa contó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), organizaciones que, al conocer en detalle las problemáticas en las estaciones de Policía y URI, aportaron ideas significativas.
La Defensoría del Pueblo destacó que en el país hay 1089 estaciones de Policía y URIs, con una capacidad para 9 mil 694 privados de la libertad, pero con un total de 21.615 personas en esa condición, lo cual implica un hacinamiento promedio de 123%.
En septiembre pasado, la Defensoría advirtió que el hacinamiento en esos lugares era una bomba de tiempo, por lo que urgió a la institucionalidad competente la implementación de acciones para solucionar la grave problemática.
Tres meses antes, en junio, también advirtió que 17.500 personas privadas de la libertad en esos centros podrían quedarse sin alimentación. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) mantuvo el suministro de alimentos, pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos. La contingencia fue solucionada parcialmente.
Finalmente, la entidad señaló, entre otras irregularidades, que las carceletas no son lugares para la vida en reclusión porque no están garantizados los mínimos vitales. Los privados de la libertad permanecen durante meses o años sin que les sea definida su situación judicial, a pesar de que solo deben estar en esos lugares un máximo de 36 horas. A ello se suma que no pueden recibir visitas, y el tiempo que permanecen en los centros de detención transitoria no les cuenta para pagar la sanción penal.
