El ministro de Salud reiteró que el actual gobierno aumentó sustancialmente el presupuesto de Salud en un 25.4% y aumentó la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 16.23%, con el propósito de atender los gastos en salud.
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió este lunes a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, con el fin de conocer en detalle de qué manera este operador maneja e invierte los dineros que reciben del Presupuesto General de la Nación, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos.
En una rueda de prensa, el titular de la cartera en salud, le solicitó al Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, que, a través de esta medida, amparada en el Artículo 65 de la Ley 2591 de 2022, realice a la EPS Sanitas una auditoría al pago de los recursos adeudados a sus proveedores, una auditoría forense al flujo de sus recursos y regule la integración vertical de sus negocios en el sector salud.
El ministro Jaramillo explicó a los periodistas que dicha solicitud pretende conocer las reales utilidades que genera Sanitas, el rumbo que toman los dineros públicos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de sus ganancias.
«No se puede seguir utilizando el giro que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hace a través de la UPC para todo tipo de actividades, inclusive las asociadas a servicios que no corresponden al sector de la salud, como el pago de multas», afirmó Jaramillo Martínez.
De igual manera, el ministro le solicitó una certificación a la Superintendencia Nacional de Salud para realizar giros directos por parte de la ADRES, debido a que la EPS Sanitas no cumple con el patrimonio adecuado. Con lo anterior, se podría controlar el pago a sus proveedores, clínicas y hospitales.
Las solicitudes hechas por el ministro de Salud a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud tienen que ver con la crisis generada por la cadena de farmacias Cruz Verde, quien anunció en días pasados, que no seguiría prestando el servicio de entrega de medicamentos a los afiliados a Sanitas por la deuda que la EPS ha venido acumulando, entre otras situaciones que están siendo objeto de investigación.
Durante su encuentro con los medios de comunicación, Guillermo Alfonso Jaramillo estuvo acompañado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga; el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López; el director de la ADRES, Félix León Martínez, y el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.
En su intervención, el ministro de Salud reiteró que el actual gobierno aumentó sustancialmente el presupuesto de la salud en un 25.4% y aumentó la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 16.23%, con el propósito de atender los gastos en salud. Por lo que ninguna EPS puede dejar de prestar sus servicios, puntualizó el doctor Jaramillo.
La UPC representa casi el 97% de los recursos con los que se financia la salud, los cuales se pagan mensualmente de manera anticipada para que las EPS puedan garantizar la prestación de los servicios de salud. Al respecto, el ministro de Salud, afirmó que las EPS no han podido demostrar que no les alcanza el dinero y que no hay evidencia sobre esas insuficiencias.
En el caso puntual de Sanitas, el ministro Jaramillo precisó que esta EPS es una de las que más recibe recursos por concepto de UPC, ya que entre 2019 y 2023, la Nación le giró más de 31 billones de pesos. A su vez, es una de las que más gasta en Presupuestos Máximos. «Sin embargo, siguen insistiendo en que no tienen dinero», añadió el ministro.
Finalmente, el jefe de la cartera en salud explicó que la EPS Sanitas no cumple con las reservas ni con el patrimonio, a pesar de que dicha EPS hace parte de un grupo empresarial exitoso financieramente, que tiene negocios y hospitales en varias partes del mundo y reporta grandes utilidades.
