En un hecho alarmante que ha sumido en terror a las comunidades rurales de Magdalena y La Guajira, se denunció la incineración de dos fincas bananeras como presunta represalia por no ceder ante las prácticas extorsivas de grupos armados. El informe, revelado por la Policía del Magdalena, destaca la presencia de grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en las instalaciones afectadas.
La situación ha llegado hasta el Congreso de la República, donde José Francisco Díazgranados, presidente de la Asbama, alertó sobre el riesgo de cerca de 1.800 empleos debido a la grave inseguridad en la región. La denuncia ha generado preocupación en todo el país, aunque hasta el momento, ni la Gobernación de Magdalena ni La Guajira han emitido declaraciones al respecto.
El comandante de la Policía del Magdalena, Yorguin Malagón, brindó detalles en un pronunciamiento público. Según Malagón, el ataque ocurrió en la finca ‘Villa Fátima’, ubicada en el corregimiento de Prado Sevilla, jurisdicción de Zona Bananera. Se confirmó que seis individuos irrumpieron en la propiedad, incendiando dos vehículos tipo tractocamión, una camioneta y una instalación para el empacado de guineo.
Afortunadamente, los trabajadores presentes en el momento del ataque no resultaron heridos, pero fueron amenazados y amedrentados. El comandante Malagón informó que las autoridades ya están investigando el caso y que la Fiscalía está a cargo de determinar la identidad de los responsables. Aunque no descartaron la posible implicación de estructuras paramilitares, se enfatizó en la importancia de la colaboración de la comunidad para esclarecer los hechos.
La presencia de grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el lugar del crimen añade un elemento perturbador a la investigación. El comandante instó a la comunidad a brindar cualquier información relevante para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La situación ha generado una profunda preocupación por la seguridad en la región y destaca la urgente necesidad de medidas para salvaguardar la estabilidad y el bienestar de las comunidades afectadas.
