Si el gran reto que tuvieron los alcaldes y gobernadores que se posesionaron el primero de enero del 2020 fue que dos meses después les estalló la pandemia por el Covid-19, los que llegan en 2023 se verán abocados a enfrentar el fenómeno de ‘El Niño’, del que las autoridades han advertido de antemano que será intenso y se extenderá hasta mayo próximo, donde las lluvias serán escasas.
El pasado 4 de noviembre, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ratificó que ya está presente el fenómeno de ‘El Niño’ y alertó al país a seguir preparándose para enfrentar sus posibles efectos.
De acuerdo con el Ideam y todas las instituciones internacionales de meteorología se ha cumplido el quinto trimestre seguido, en donde las anomalías del océano Pacífico en temperatura están por encima de los 0.5º. “Esto significa que el fenómeno de ‘El Niño’ ha llegado a su madurez y se puede declarar oficialmente su presencia en Colombia”, aseveró Muhamad.
En tanto que la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, dijo que “el pronóstico es que durante noviembre gran parte del territorio tenga temporada de lluvias, aunque las precipitaciones son intensas, el promedio se encuentra por debajo de los registros y estamos evidenciando aumento de temperaturas. La época seca iniciará en diciembre y podrá extenderse durante varios meses en 2024”.
Como parte de la estrategia de preparación para prevenir y atender las emergencias ocasionadas por este fenómeno, el Gobierno nacional destinó un presupuesto de $ 2,2 billones para el Plan Nacional de Gestión, con la intención de enfocar esfuerzos en 176 municipios vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua, afectaciones por sequía, incendios forestales, entre otros; 33 de estos municipios presentan alta susceptibilidad, 78 moderada y 65 baja.
Colombia está expuesta a la ocurrencia de desastres naturales por su accidentada geografía, la cantidad de ríos y su ubicación en una zona de alta sismicidad en el continente. Precisamente, tras el terremoto de Popayán en 1983 se creó lo que es hoy el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece la responsabilidad del Gobierno nacional en esta materia, así como de los gobernadores y alcaldes en los territorios.
Esta Ley señala que los gobernadores en su respectivo territorio están a cargo de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los procesos de gestión del riesgo de desastres.
Igualmente, los alcaldes, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Los gobernadores y alcaldes que tomarán posesión de su cargo el próximo primero de enero, a la par de los recursos que piensan invertir en el plan de desarrollo que pondrán a consideración de las asambleas y concejos, respectivamente, necesariamente se verán abocados a provisionar dineros para atender los impactos del fenómeno de ‘El Niño’.
Desde luego que a las regiones más afectadas debe llegar recursos del presupuesto nacional, como se dijo la administración Petro anunció $ 2,2 billones para el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, sin embargo, las gobernaciones y alcaldías también tienen que poner plata por las responsabilidades que les confieren como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Esta situación implica un reto para los gobernadores y alcaldes entrantes, pues tendrán que convivir, al menos durante el primer semestre el próximo año, con un fenómeno que competirá, debido a la atención y recursos que por su impacto seguramente demandará, con el inicio de los programas y proyectos que tienen previstos en su gobierno, y que incluso puede condicionar algunos aspectos y metas del plan de desarrollo para el cuatrienio.
Carlos Iván Márquez, quien fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha señalado que “lo que se puede presentar en el territorio es que va a haber al menos 23 departamentos afectados con más de 175 municipios. En el que se puede encontrar sequías, incendios forestales, heladas y algunas olas de calor”.
Dijo frente a lo que se espera de los nuevos gobernadores al encontrarse con esta situación, que “primero, darle continuidad y hacerle seguimiento al plan de contingencia, que debe estar ya marcado por cada departamento. Dos, el gobernador como cabeza del sistema tiene que conectarse a nivel nacional para hacer parte del Plan Nacional de Contingencia frente al fenómeno de El Niño”.
Así mismo, Márquez mencionó varios puntos “que siempre he recomendado, inclusive a los gobernadores, de los temas clave para tener en cuenta a partir del primero de enero: uno es la revisión del plan departamental de gestión de riesgo de desastres. Segundo, un trabajo de integración de la gestión de riesgo en todo lo que es la planificación territorial, considerando la amenaza que hay del fenómeno de ‘El Niño’ y demás aspectos. Revisar si se encuentra activa alguna situación de calamidad pública para verificar el estado en que se esté desarrollando. Otro es hacer la revisión del plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño”.
Del mismo modo, comentó, “activar sus salas de crisis. Hacer un trabajo de seguimiento para montar los operativos, en este caso los Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, las Fuerzas Militares, la Policía, las Corporaciones Autónomas y la misma comunidad. Y, además, de eso tener un contacto directo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”.
En este punto, se ve la dificultad que en la mayoría de municipios los bomberos son voluntarios, es decir, que no reciben un pago por su labor, y los equipos que tienen son obsoletos, que no serían suficientes para atender los incendios forestales que posiblemente se presentarán a la misma vez y en diferentes regiones del país por las altas temperaturas y la sequía.
El fenómeno de ‘El Niño’ también pone en el horizonte de los nuevos gobernadores y alcaldes un posible racionamiento, por la sequía, de los servicios públicos, tanto de agua como de energía eléctrica, teniendo en cuenta que se reducirían los niveles de los ríos y de las represas. Incluso esta situación podría derivar en el incremento de las tarifas, en lo que se esperaría que el Gobierno nacional entre a colaborar con subsidios.
Son eventualidades que se escapan al control de los gobernadores y alcaldes porque las tarifas las establece la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); en tanto que un razonamiento a nivel nacional en la energía eléctrica depende del Gobierno central.
Lo que sí pueden hacer los alcaldes es racionar el servicio de agua y establecer medidas para ahorrar el vital líquido, como prohibir el lavado de carros en las calles, lavar las fachadas de edificios y casas, y regar los jardines, entre otras.
En ese escenario, los nuevos gobernadores y alcaldes verían cómo apenas comenzando su gestión, su imagen favorable empieza a horadarse porque así las medidas restrictivas no dependan de ellos, como un eventual racionamiento de energía, de todas formas, habrá inconformidad en las comunidades por las incomodidades.
Las afectaciones que produzca el fenómeno de ‘El Niño’ tendrán que ser atendidas de forma expedita por los gobernadores y alcaldes, acudiendo a figuras como la urgencia manifiesta o la calamidad pública.
Ello implica un alto riesgo de corrupción porque la contratación bajo esas figuras se puede hacer de manera directa para ganar tiempo en la formalización de los convenios y su ejecución.
Entonces, gobernadores y alcaldes tendrán que mostrar desde el comienzo de sus administraciones el compromiso en la lucha contra la corrupción y cuidarse de que no se presenten contrataciones amañadas, como se vio durante la pandemia del Covid-19, cuando varios mandatarios territoriales se aprovecharon de la calamidad pública en la entrega de paquetes de alimentos, por lo cual han sido investigados y algunos ya están condenados en materia penal y disciplinaria.
