A medida que se acerca la fecha del veredicto de la reforma tributaria, la incertidumbre persiste sobre el rumbo de la economía del país.
Se avecina un momento crucial para el futuro económico de Colombia, ya que la Corte Constitucional se prepara para emitir su veredicto sobre uno de los aspectos más controvertidos de la reciente reforma tributaria. En el centro de la atención se encuentra el artículo que prohíbe la deducción de desembolsos realizados por regalías por parte de empresas minero-energéticas en el impuesto de renta.
La expectación crece, especialmente entre los actores del sector minero-energético y los observadores de las finanzas públicas, quienes temen las posibles repercusiones de la decisión de la Corte. Este artículo en particular ha generado inquietud debido a su carácter controversial y su potencial impacto en la competitividad de Colombia en un sector crucial para la economía del país.
«Esta prohibición es una medida sui géneris en la industria a nivel global, ya que no es un estándar usado por los países que pretenden explorar y extraer sus minerales. Es inconveniente, pues afecta seriamente la competitividad de Colombia en un sector crítico por su aporte económico a las finanzas del país«, advierte Ricardo Ruiz, líder de impuestos y servicios legales de KPMG en Colombia.
Implicaciones en la viabilidad de los negocios con la actual reforma tributaria
Expertos en contabilidad y derecho tributario señalan que la medida no solo impondría una carga tributaria adicional a las empresas minero-energéticas, sino que también podría desencadenar la salida de inversionistas, afectando la viabilidad de negocios en marcha y comprometiendo la rentabilidad de las empresas.
Javier Blel, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, destaca que la prohibición de deducción de regalías implicaría una doble tributación para las empresas del sector extractivo, ya que estas ya pagan regalías como contraprestación por la extracción de minerales o combustibles fósiles.
El Ministerio de Hacienda estima que, al impedir la deducibilidad de las regalías, se podrían recaudar 3,38 billones de pesos adicionales para el año gravable 2023 y 2,79 billones para 2024. Estas cifras son considerables, especialmente cuando se compara con los 49,3 billones recaudados por la Dian en impuesto de renta entre enero y septiembre de este año.
Divergencia de opiniones y posibles consecuencias
La falta de claridad en torno a la decisión de la Corte Constitucional ha generado divisiones de opinión. Mientras algunos temen que la medida pueda afectar significativamente las finanzas públicas, otros argumentan que el impacto real radica en la posible decisión de empresas minero-energéticas de no seguir operando o invirtiendo en el país.
«Si el fallo sale con afectación hasta el próximo 31 de diciembre, no pasaría nada y la medida no tendría efecto, pero si declara su inexequibilidad condicionada en el tiempo, por ejemplo, a partir de 2024, sí podría haber un pago por este concepto. Todo depende de lo que defina la Corte«, explica Javier Blel.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defiende la medida argumentando que las regalías son propiedad del Estado, ya que este es propietario del subsuelo y los recursos naturales. Según Bonilla, permitir la deducción de las regalías otorgaría a los particulares una propiedad que nunca fue suya.
«Lo que se debe deducir no son los 35 barriles, sino lo que les costó extraerlos (y esa deducción ya está en las normas tributarias)», asegura Bonilla. Además, destaca que los recursos de regalías van al Sistema General de Regalías, administrado por Planeación Nacional y se utilizan como inversión en los territorios, sin ingresar al presupuesto general de la nación.
A medida que se acerca la fecha del veredicto del artículo de la reforma tributaria, la incertidumbre persiste sobre el rumbo que tomará la Corte Constitucional. Con los magistrados divididos, el fallo podría tener un impacto significativo en la forma en que se maneja la transición energética en Colombia.
La pregunta central es si se seguirá el paso acelerado propuesto por el Gobierno, se adoptará un enfoque más pausado, o si no se realizará ningún cambio. El desenlace, sin duda, será determinante para el futuro económico del país.
