En una audiencia pública celebrada hoy, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de graves cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de la Cárcel Modelo de Barranquilla. Estos guardias fueron capturados por su supuesta participación en una red de corrupción que involucra la extorsión de reclusos a cambio de permitir el ingreso de drogas y armas al centro penitenciario.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito. Según la investigación de la Fiscalía, estos actos ilícitos se llevaron a cabo entre el 1 de junio de 2021 y el 22 de abril de 2022. Durante este período, los funcionarios presuntamente formaron una “sociedad criminal” que habría recaudado 300 millones de pesos a través de sobornos exigidos a los reclusos del patio 2 de la Cárcel Modelo de Barranquilla. Además, se sospecha que estos reclusos eran extorsionados por otros internos, aparentemente bajo la supervisión de los funcionarios del Inpec ahora detenidos.
El fiscal a cargo de la audiencia declaró: “Al interior de esta estructura delincuencial, ustedes desplegaron roles consistentes en permitir que los internos pudieran extorsionar a sus cohabitantes de carceletas. Posteriormente, desplegaron actos tendientes a procurar que los internos que estaban pagando estas cuotas extorsivas también les realizaran pagos de dádivas y entregas de elementos y servicios para garantizar su seguridad y habitabilidad al interior del centro carcelario”.
La corrupción y el abuso de poder fueron denunciados por dos reclusos que afirmaron haber sido extorsionados por los miembros del Inpec. Estos reclusos alegaron que se les exigía dinero para obtener una habitación en una celda, acceso a elementos de aseo y la autorización para ingresar armas y drogas. Según el fiscal, los funcionarios aprovechaban su labor de vigilancia en los patios para permitir estas extorsiones, y cuando asumían tareas administrativas, ocultaban las quejas de los internos para evitar que llegaran a las autoridades de control.
Una vez que las autoridades fueron alertadas, los funcionarios acusados presuntamente obstaculizaron la investigación. Se sospecha que trasladaron a los reclusos que presentaron denuncias y los amenazaron de muerte para que cambiaran sus declaraciones.
Los imputados se negaron a admitir los cargos, y la audiencia para determinar medidas de aseguramiento fue aplazada hasta el miércoles 18 de octubre a las 2 de la tarde. Este escandaloso caso de corrupción y abuso de poder en la Cárcel Modelo de Barranquilla sigue siendo objeto de intensa atención pública y una investigación en curso por parte de la Fiscalía.
