La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios del Inpec por un supuesto cartel que ofrecía un catálogo de servicios ilegales en la cárcel La Picota de Bogotá.
El proceso lo inició el organismo de control luego de que se dieran a conocer las denuncias por supuestos cobros a personas privadas de la libertad, por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a cambio de beneficios.
La Procuraduría indagará si integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a las personas privadas de la libertad, como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero.
La Procuraduría indicó que realizará la indagación previa para identificar a los presuntos irresponsables y determinar si se presentaron faltas disciplinarias por parte de servidores, a través de la solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnico-científicos, que buscarán aclarar los hechos denunciados en La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá.
