En una acción conjunta entre la Dirección de Justicia Transicional y la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla y Bogotá, se han impuesto medidas cautelares sobre una serie de propiedades rurales presuntamente vinculadas a dos prominentes exjefes paramilitares colombianos. Estas medidas se toman en el marco de las investigaciones en curso para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Por solicitud de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, se han tomado acciones específicas sobre cuatro inmuebles rurales relacionados con Rodrigo Tovar Pupo, conocido como «Jorge 40», y ocho predios rurales vinculados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias «Macaco».
Entre los bienes vinculados a «Jorge 40», destaca la finca Matuzalén, ubicada en Sabanas de San Ángel, Magdalena, valuada en 10.292 millones de pesos. Se ha señalado que este predio habría sido utilizado como centro de reuniones del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y estaría vinculado a Leónidas Duque Hurtado, un cercano colaborador de «Jorge 40». Además, tres fincas adicionales, El Joropo, El Prado y la Pechichona, localizadas en Sabanas de San Ángel, Magdalena y Valledupar, Cesar, cuyo avalúo supera los 15.127 millones de pesos, han sido identificadas como propiedad de una empresa y la esposa de «Jorge 40», quien ostenta la representación legal de dicha empresa, según evidencia presentada por la Fiscalía.
Por otro lado, los bienes vinculados a «Macaco» comprenden ocho lotes ubicados en la vereda Las Cruces de Filandia, Quindío, con una extensión total de 152 hectáreas y un avalúo superior a los 12.171 millones de pesos. Estos activos fueron identificados a través de investigaciones realizadas por el Grupo de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y se cree que están relacionados con terceros y una empresa con vínculos con el excabecilla del Bloque Central Bolívar de las AUC. Es importante destacar que «Macaco» ha sido excluido del proceso especial de Justicia y Paz.
La Fiscalía ha destacado la utilización de patrones comunes para ocultar la titularidad de estas propiedades, tales como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias. En consecuencia, los bienes afectados por estas medidas cautelares, que incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, serán entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración, en un esfuerzo por contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
