Por presuntas irregularidades en la asignación de millonarios recursos a 23 Empresas Sociales del Estado, ESE, la Procuraduría abrió una investigación contra funcionarios por determinar del Ministerio de Salud y de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES y las mismas ESE.
Los dineros fueron destinados para la constitución de equipos básicos de salud de las 23 ESE de las entidades territoriales de Cundinamarca, Boyacá y Córdoba.
La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que se buscará establecer si hubo una posible trasgresión a lo ordenado por la Resolución 2788 de 2022, y si se omitió cumplir con el requisito que obligaba a crear equipos básicos de salud en modalidad extramural.
Así mismo, el organismo de control revisará si se pasó por alto la presentación de los reportes de rendimientos financieros a la ADRES, y si los criterios de asignación a las ESE que resultaron beneficiadas a nivel territorial fueron tenidas en cuenta.
El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación y señaló que la actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
