Serían cerca de $720 mil millones sin cumplir requisitos legales según la Red de Veedurías de Colombia
Así lo reveló la Red De Veedurías De Colombia en las últimas horas, denunciando la existencia del presunto “cartel de la chatarrización de vehículos” con operación sobre los procesos de contratación para la chatarrización vehicular que adelanta la DIAN y la Alcaldía de Medellín.
Sobre el particular, Pablo Bustos, director, encontró que uno de los operadores es la UNIÓN TEMPORAL RYM SAS, de propiedad de Rafael Naranjo, la cual lidera el mercado de las empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente, para la chatarrización de los vehículos de carga.
De acuerdo con Bustos, “Esta no es persona jurídica y por tanto carece del certificado de existencia y representación legal, por lo que no podía inscribirse y menos estar habilitado para expedir los 6500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió”
Esto generó el desembolso por más de $720 mil millones, con la anuencia de funcionarios como la Dra. Angela Aldana Naranjo, el Dr. Lazaro Gonzalez Avellaneda, del Ministerio de Transporte, y del Dr. Mario Orlando López Castro del Ministerio de Ambiente induciendo en error a otras entidades nacionales como la DIAN, La Fiscalía General De La Nación, La Defensa Civil, La Escuela Militar De Aviación -Emavi- en procesos de contratación estatal incluido actualmente el de la DIAN.
La Red de Veedurías de Colombia, Red-Ver, solicita e insta para que de manera pronta las autoridades competentes entre ellas la Fiscalía General, y la Procuraduría, la Contraloría General se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar.
¿En qué consiste la ilegalidad del presunto Cartel de la Chatarrización?
Según la denuncia de Bustos, lo ilegal, asombroso y grave es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante, atrás mencionado, de ser persona jurídica -pues según la ley y la jurisprudencia, “La unión temporal no es una persona jurídica”- se habrían pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de setecientos veinte mil millones de pesos, por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la UNIÓN TEMPORAL RYM SAS.
Así las cosas, tales pagos presuntamente irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de Modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La UNION TEMPORAL RYM SAS ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero el 2016.
Por lo anterior la Red de Veedurías de Colombia, Red-Ver, solicitó e instó para que de manera pronta las autoridades competentes entre ellas la Fiscalía General, y la Procuraduría, la Contraloría General se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar.
