Estos son algunos de los detalles que trae en este artículo tras el anuncio de las dos primeras condenas del escándalo conocido como la “Comunidad del Anillo”.
Sin embargo, no se ha hecho aún justicia plena porque sigue sin esclarecerse la muerte de una alférez y un cadete de la Escuela de Oficiales General Santander.
Esta semana la Fiscalía informó que dos coroneles en retiro de la Policía serán condenados por inducir a cadetes a prostituirse.
La sentencia contra Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela la dictará una juez penal de conocimiento de Bogotá a finales de septiembre próximo.
Ambos fueron declarados culpables del delito de constreñimiento a la prostitución tras las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El investigador demostró en juicio que Castellanos Soto, quien además se desempeñó como Gobernador de Casanare designado, “frecuentó entre de 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander con el fin de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales; y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales”.
En el curso del proceso fueron identificados, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con dicho oficial, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.
La investigación también reveló que el entonces mayor Torres Orjuela, que tenía a su cargo el control de los alumnos, intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto.
Justicia a medias
Los hechos en torno a la “Comunidad del Anillo” comprometieron, en su momento, al general Rodolfo Palomino tanto en sus cargos como director de la Escuela de Cadetes General Santander y como director general de la Policía.
El caso se hizo público en 2015 por el hoy coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal quien aseguró que al interior de la Policía Nacional había una red de prostitución masculina.
También denunció por acoso sexual y laboral al exgeneral Rodolfo Palomino cuando ostentaba el cargo de director de la Policía Nacional.
En retaliación, Palomino interpuso una queja contra el coronel Gómez Bernal ante la Procuraduría por supuesta injuria. El Ministerio Público sancionó e inhabilitó a este último pero después revocó ese fallo.
En cambio, destituyó e inhabilitó por 13 años a Palomino por “influenciar irregularmente” al oficial que lo denunció por presunto acoso laboral y sexual en la institución.
Sin embargo, el exdirector de la Policía Nacional salió absuelto de las denuncias de la red de prostitución masculina en esa institución, aunque debió renunciar al cargo.
Dos extrañas muertes
También ha quedado impune el supuesto asesinato de la alférez Lina Maritza Zapata, cuya muerte el 25 de enero de 2006 fue presentada como un suicidio por sus superiores de la Escuela General Santander, cuyo director era Rodolfo Palomino.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el cadáver no registraba huella del arma que causó su deceso y la psicóloga de la Escuela General Santander dictaminó que la joven no tenía síntomas de depresión.
El cuerpo de la alférez, tendida en el suelo, bañada en sangre y con un disparo en el rostro, fue encontrado en los dormitorios de esa academia por el cadete Julián Andrés Lucumí.
A los dos meses fue trasladado a seguridad de la Casa de Nariño y cuando se disponía a hablar con la mamá de Lina Maritza para contarle “las cosas raras” que había visto en los dormitorios, fue encontrado sin vida con un balazo en el pecho.
Lina Maritza Zapata fue quien descubrió el álbum de jóvenes cadetes que eran prostituidos y confirmó estas irregularidades hablando con varias víctimas, entre ellos, Ányelo Palacios.
Él también denunció la “Comunidad del Anillo” y, en retaliación, fue destituido por la Policía en 2015 cuando se desempeñaba como comandante de la Policía de Florencia por una supuesta exigencia de dinero a un comerciante para no cerrarle el local.
El 24 de agosto de 2022 la Justicia Penal Militar lo absolvió y ordenó su reintegro.
Las imágenes del álbum de cadetes formaban parte del catálogo que ofrecía el coronel Jerson Jair Castellanos Soto a congresistas, magistrados y altos oficiales de la policía homosexuales.
Junto a las fotos de los cuerpos atléticos, de cabellos rubios u ojos claros aparecían los precios que el oficial les ponía por sus servicios sexuales: entre uno y cuatro millones de pesos.
El presidente Juan Manuel Santos designó a Castellanos Soto como gobernador de Casanare en abril de 2013 tras la destitución del titular, Nelson Ricardo Mario Velandia, por parte de la Procuraduría General de la Nación.
