En una Auditoría Financiera realizada a la Unidad Nacional de Protección,UNP, sobre la vigencia fiscal 2022, la Contraloría General de la República evidenció tres hallazgos con presunta incidencia fiscal.
El primer hallazgo es un presunto daño patrimonial de $6.321 millones, como consecuencia de deudas que desde hace más de cinco años gobernaciones y alcaldías tienen con esta entidad por concepto de servicios de protección que se les ha prestado.
En la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, se evidenció que la UNP tiene Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo por valor de $6.321.522.231, correspondiente a Convenios Interadministrativos suscritos en vigencias que datan desde 2016 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios prestados con hombres de protección y arrendamientos de vehículos automotores y otros servicios adicionales.
Varias de estas entidades no han cumplido con los pagos pactados en estos Convenios.
Entre las entidades que adeudan dineros a la UNP aparecen las gobernaciones de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, así como la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el INVIMA.
En el segundo hallazgo encontrado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad es de carácter tributario supera los $15 mil millones por arrendamiento de vehículos blindados de la UNP, en el cual se evidenció que en la facturación presentada por el contratista se aplicó una base gravable equivocada.
Como resultado de la auditoría se determinó que en los contratos suscritos por la UNP en la vigencia 2022, relacionados con el arrendamiento de vehículos blindados, la facturación presentada por el contratista, el IVA se calculó teniendo como base gravable especial la establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, es decir, 19% sobre el AIU (administración, imprevistos y utilidad).
Sin embargo, el artículo 447 señala que la tarifa general aplicable en “la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación”. De esta forma, la Contraloría determinó una inadecuada liquidación de $15.053.847.960,22 al comparar el IVA facturado y el IVA calculado sobre la base general del 19% sobre el valor total del contrato.
El tercer hallazgo se relaciona con el incumplimiento contractual en adquisición de software ERP, hecho por el cual se generó un presunto daño patrimonial de $481.375.350.
En esta auditoría financiera se evidenció, además, que la UNP suscribió el contrato 1052 de 2022 con la empresa NOVASOFT, que tenía como objeto contractual la “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SOFTWARE ERP, QUE GARANTIZARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y VIÁTICOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN”.
El objeto contractual no fue entregado. La UNP no otorgó prórroga al contratista, pero tampoco adelanto el debido proceso, ni se hicieron efectivas las garantías. Por tal razón, se generó un presunto daño al patrimonio público por el 50% del valor del contrato, que correspondió a $481.375.350.
