Capturan en San Pelayo – Córdoba a alias ‘Don Leo’, quien tiene pendiente una condena 60 años de prisión

Como cabecilla de los extintos grupos de autodefensas promovió una ola de violencia en el sur de Bolívar y otras zonas del país, entre 2008 y 2011.
Fue capturado en San Pelayo (Córdoba). Durante el procedimiento se le incautó un arma de fuego, por lo que fue judicializado.

Bogotá D.C. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitió identificar el lugar en el que se ocultaba Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, un exjefe paramilitar buscado para cumplir una condena de 60 años de prisión.

Con información precisa sobre su paradero, unidades de la Policía Nacional lo ubicaron en una vivienda del corregimiento Pelayito, en San Pelayo (Córdoba). En su poder los uniformados encontraron un arma de fuego.

Alias Don Leo fue sentenciado por el homicidio de dos integrantes de la Asociación de Productores de Cacao (Aprocasur), que promovía la sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. El 18 de febrero de 2008, en la vereda Las Auyamas, entre San Pablo y Santa Rosa (Bolívar), las víctimas fueron obligadas a descender de un vehículo y asesinadas por hombres armados, que también les robaron cadenas y dinero.

Entre los agresores estaba Jacinto Nicolás Fuentes Germán, quien para la época era el cabecilla de una estructura conformada por exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se denominaba en su momento como ‘Águilas Negras’. Este crimen y otras conductas delictivas hicieron parte de una ‘ola’ de violencia que desató ese grupo ilegal en el sur de Bolívar y distintas regiones del país.

Por estos hechos, un juez penal especializado de Cartagena (Bolívar) lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado. El fallo fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bolívar, que le impuso la máxima pena que contempla la ley, (60 años de prisión); y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.