Señalan al General (r) Mario Montoya como el máximo promotor de los falsos positivos»: «Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”

En la audiencia de reconocimiento de Verdad realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, este martes en Dabeiba, Antioquia, el general retirado Mario Montoya Uribe, quien actuó como comandante de la Cuarta Brigada de Antioquia, fue señalado como uno de los máximos promotores de los «falsos positivos».

Montoya Uribe lideró diez unidades del ejército colombiano entre 1991 y 2008.

«Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”, declaró el sargento (r) Fidel Iván Ochoa, último de los 8 militares que intervino en la audiencia.

«Él estuvo en dos momentos en la región de Urabá. En el año 1995, como integrante del Batallón Francisco de Paula Vélez de la XVII Brigada, en Carepa, y en 1994 en el Batallón 79 de la Brigada 11», añadió.

Aunque también inculpo a otro oficial del Ejército Nacional: al coronel (r) Amor Páez y Dumar, el suboficial aseguró que la práctica de los «falsos positivos» se volvió «sistemática con la llegada del general Montoya a la Séptima División» y agregó:

«Este general efectuaba programas radiales donde nos decía a los comandantes: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”.

Además señaló: “Los que iniciamos esta práctica en los 90s, la iniciamos asesinando a personas que presuntamente tenían vínculo con la guerrilla, por información aportada por los paramilitares. Y los comandantes nos decían que necesitábamos números de bajas”.

El sargento (r) Fidel Ochoa también contó que los batallones que no cometían falsos positivos eran castigados y pasaban hasta diez meses en campo, sin poder ir a sus casas a encontrarse con sus familiares.

El sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco es el último compareciente en hacer su reconocimiento en esta adudiencia de la JEP, en la cual también lo hicieron como máximos responsables de los crímenes perpetrados en Dabeiba entre 2002 ? 2006, los siguientes integrantes del Ejército Nacional:

– Coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa
– Coronel (r) Edie Pinzón Turcios
– Mayor (r) Yaír Leandro Rodríguez Giraldo
– Mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica
– Sargento (r) William Andrés Capera Vargas.
– Sargento (r) Jaime Coral Trujillo.
– Soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.

Previamente, todos ellos, por escrito, aceptaron responsabilidad y “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz” y “reconocieron su participación en calidad de máximos responsables» de los «falsos positivos».

El sargento Fidel Iván Ochoa Blanco señaló que el general Montoya estuvo en dos momentos en la región de Urabá. En el año 1995, como integrante del Batallón Francisco de Paula Vélez de la XVII Brigada, en Carepa, y en 1994 en el Batallón 79 de la Brigada 11.

Al final de su intervención, Ochoa Blanco leyó los nombres de las víctimas que asesinó, reiterando que «no se trataban de personas que murieron en combate, sino de campesinos y civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado».

El sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, fue el siguiente compareciente que toma la palabra. “Este es el resultado de la lucha que han mantenido”, les dijo a las víctimas.

En su relato, reconoció que “llegó ante la presión ejercida por comandantes superiores porque no importaban capturas. Eran los muertos, los asesinatos”, detalló Capera en la audiencia de reconocimiento de Dabeiba.

“El patrón tres nunca fue un ocultamiento de cuerpos. Para nada. No era el caso. No era el lugar. Los cuerpos de las personas asesinadas por nosotros, eran el resultado de que se estaba haciendo control de área. Pero era una mentira. Estábamos delinquiendo”, dijo Capera.

Capera les dijo a las víctimas: “Fui preparado para ocultar las identidades de los cuerpos de sus familiares. Añadió que las víctimas fueron traídas de Medellín, por medio de engaños. «Nos aprovechamos de la vulnerabilidad de todas las personas que traíamos”, precisó.

“Mi función era colocarles el arma (…), que todas las huellas quedaran impregnadas en el arma”, detalló Capera a la Sala de Reconocimiento. “En el anfiteatro verificaba que las botas estuvieran puestas al derecho, que tuvieran la misma talla”, añadió Capera.

«Un día me emitieron una orden de captura por lo que aprendí y me enseñaron mis comandantes», señaló Capera. «En mi detención (sus) voces (refiriéndose a las víctimas) me atormentaban en mi encierro para contar la verdad de lo que sucedió”, dijo el sargento retirado.

“Me faltaba un impulso porque estaba temeroso” por las amenazas y ofrecimientos de dinero confesó Capera. Luego “llegó la JEP con un acta de sometimiento y yo acepté (…). En mi encierro se acercó una persona. Allá llegó el doctor Hugo Escobar (magistrado auxiliar de la JEP)”.

El general Mario Montoya sistematicamente ha negado haber ordenado las ejecuciones, las ha calificado como actos de «cobardía» y ha argumentado que las violaciones de derechos humanos son resultado de la baja profesionalización en el ejército y del reclutamiento de personas de bajos recursos.

«Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones; no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado», precisó ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP destacó que en Dabeiba se perfeccionó la técnica de ocultamiento hasta el punto en el que los informes forenses y los levantamientos los adelantaron los propios militares. Esta práctica hizo imposible el proceso de búsqueda y de identificación de las víctimas por décadas.

El tercer patrón corresponde al ocultamiento de los cuerpos en el cementerio ‘Las Mercedes’, de Dabeiba. Este patrón se presenta como transversal a los dos patrones anteriores.

Las víctimas de estas ejecuciones, en su inmensa mayoría, se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.

Al inicio de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, la JEP presentó el primer capítulo de la miniserie documental: ‘El cementerio de la verdad. Los horrores que la JEP desenterró en Dabeiba’.

En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad también participan otros 17 comparecientes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en los cementerios de Dabeiba, Ituango y Carepa.

Son un coronel, dos capitanes, dos sargentos, once soldados profesionales y un intendente de la Policía Nacional que han aportado verdad en el marco de los hechos que la JEP investiga en Dabeiba.

La audiencia fue presidida por los magistrados relatores Nadiezhda Henríquez y Alejandro Ramelli, además de otros magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad como Catalina Díaz y Óscar Parra.

La diligencia cumplida en Dabebia continúa con un acto de reconocimiento este jueves 29 de junio en Medellín en la cual participarán las víctimas acreditadas, los ocho imputados y los demás comparecientes vinculados a la investigación, pero que no fueron hallados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento y, en este último caso, que fueron postulados ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina si procede o no la renuncia condicionada a la persecución penal.

Se trata de la primera audiencia conjunta que se realiza entre estas dos Salas de Justicia con el fin de avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los comparecientes sometidos a la JEP; entre ellos, los miembros de la fuerza pública que no serán objeto de indulto, pero que tampoco serán incluidos en la imposición de las sanciones propias porque la magistratura encontró que no son máximos responsables.

Estos últimos comparecientes podrán ser objeto del beneficio de la renuncia condicionada a la persecución penal siempre y cuando aporten verdad de los hechos de los que tengan conocimiento, reconozcan responsabilidad y participen de los procesos restaurativos ordenados por la magistratura para reparar a las víctimas y la sociedad por los daños causados.