Ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos

El Defensor del Pueblo viene trabajando con los gobernadores del país, territorio por territorio, en la identificación de los riesgos electorales que pretenden maniatar el ejercicio previo a los comicios de finales de octubre de este año en todo el país. 

Desde la entidad se construye una alerta temprana nacional para advertir las posibles vulneraciones a los derechos en la próxima contienda electoral por el accionar de los grupos armados ilegales, a los cuales les dejó claro que las acciones reales de paz no se edifican sobre las amenazas.

“Los verdaderos gestos de paz no se construyen sobre la base de las amenazas, ni mucho menos generando temor y zozobra a quienes democráticamente desean participar en los comicios regionales de octubre próximo. Rechazamos las recientes declaraciones del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que cada vez más, con anuncios de esta naturaleza, se aparta de lo que por décadas han clamado los colombianos: tener tranquilidad y paz en sus territorios, poder movilizarse libres de eventuales represalias no solo en época electoral, sino en cualquier época del año”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo, hace contadas semanas, lanzó el ‘Plan integral de atención y prevención del escenario de riesgo electoral’ cuyo objetivo se centra en atender lo que han enfrentado, y pueden enfrentar, las comunidades en el desarrollo de las campañas.

“A los gobernadores del país les propusimos trabajar en conjunto con nuestro Sistema de Alertas Tempranas para advertir las posibles vulneraciones de derechos humanos y así enfrentar, valga subrayarlo, como Estado todas las situaciones que maniatan a candidatos, partidos y población en general en los territorios. Sea esta la oportunidad para consolidar, región por región, la información que nos permita advertir los riesgos”, les reiteró a los mandatarios departamentales el Defensor del Pueblo.

Señaló que continuar construyendo la alerta temprana nacional, dada la coyuntura y a la que se comprometieron todos los gobernadores, es clave para impedir que los grupos armados ilegales impongan su “ley”: “Ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos. No podemos permitir que los criminales se salgan con la suya en el marco de un certamen democrático”. 

La posición del Estado Mayor Central (EMC) radica en que ninguna persona puede hacer campaña en las zonas del suroccidente y sur del país donde delinquen sus hombres armados, con el argumento de que su líder guerrillero, alias Iván Mordisco, no estuvo de acuerdo con la reciente decisión del Gobierno Nacional de dar por terminado el cese al fuego con esa disidencia en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El anuncio del Ejecutivo se debió al reclutamiento y asesinato de cuatro menores de edad del pueblo indígena Murui, hecho que fue condenado por la Defensoría del Pueblo.

“Cualquier acción criminal contra líderes políticos que pueda afectar la legítima labor electoral de quienes están en las regiones o, en el peor de los casos, su integridad o vida tiene que ser evitada por las autoridades competentes. El respeto a la libre movilidad y a todos los derechos enmarcados en la contienda electoral no pueden ser violentados por ningún actor armado en el territorio nacional”, aseguró Carlos Camargo Assis. 

Agregó que es inadmisible pretender ejercer presión a los candidatos en las regiones para que no reciban apoyo de los partidos partidos políticos tradicionales: “Un exabrupto de esta magnitud es limitar las campañas que ya vienen siendo adelantadas en varias zonas, incluidas las regiones del occidente y sur del país donde hace presencia el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Es querer ponerle freno al ejercicio libre de la democracia”. 

El Defensor del Pueblo finalizó diciendo: “El ‘Plan integral de atención y prevención del riesgo de escenario electoral’ es la hoja de ruta para lograr hacer un frente común que proteja los derechos de los colombianos”.