Por: Jorge Vergara Carbó
Aunque tardía, consideramos acertada la decisión del presidente Petro, al solicitarle al director de Superservicios Dagoberto Quiroga, que contrate un estudio para que determine cual es el precio de la concesión de la Triple A, que vence el 19 de septiembre de 2033.Esperamos se contrate a una firma reconocida que este al nivel de la firma Deloitte. Y digo tardía, porque era lo que tenía que haberse hecho desde el primer momento en que el señor Daniel Rojas y su equipo de trabajo, empezaron a dudar del valor de las acciones, determinados por las dos firmas que contrato la administración anterior de la SAE para dicha valoración.
Recientemente en el documento “Las falacias de la SAE y Superservicios” publicado el 3 de febrero, del presente año, dije lo siguiente: “Ante la duda, lo ideal hubiera sido contratar a una firma internacional para que revisara todo lo actuado y conceptuara sobre las mismas. Es lo correcto, no creo que la CGR cuente al igual que Superservicios con esa experticia. No todo el mundo entiende sobre este tema, y tampoco tienen porque saber sobre valoración de empresas.”
En ese mismo documento sugerí otras medidas que ha debido tomar el presidente de la SAE, Daniel Rojas. Lo elemental era reunirse con las firmas contratadas acompañado de sus funcionarios o expertos en el tema para revisar lo actuado. Igualmente darle a conocer al alcalde sus inquietudes sobre dicha negociación y no actuar como lo hicieron a través de un medio de comunicación “La W” el 26 de diciembre, dos horas antes de celebrarse la asamblea de accionistas citada por la SAE, para hacer entrega de las acciones a su verdadero propietario, la empresa de economía mixta “K-yenas” en la cual el Distrito tiene el 65% de las acciones, y los particulares el 35%. Resultado de esa actuación, no hubo asamblea por la no presentación de la SAE. Después procedieron a realizar una rueda de prensa el 3 de enero de este año, donde el presidente de la SAE manifestó entre otras cosas que él había recibido orden expresa del presidente Gustavo Petro para no ceder esas acciones, es decir él no le daría cumplimiento al contrato hasta tanto no se pronuncie la Contraloría General de la República. Para ello utilizaron como estrategia iniciar una campaña mediática, con el señor Andrés Idárraga Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, y después continuada con la rueda de prensa, para convertirla en noticia nacional, necesitaban algo contundente, ya que los argumentos planteados que el contrato era ilegal, no tenía el peso necesario para transformarse en un escándalo y ellos querían un escándalo y fue así, como en un documento exprés sacaron del sombrero el valor de la Triple A, $2.4 billones. Con esa cifra todo estaba servido para que los medios de comunicación y por supuesto los funcionarios señalados anteriormente salieran a decir que se favorecía no al Distrito sino a unos particulares amigos del gobierno de Duque, y muy allegados al Uribismo.
Lo que ha pasado, lo saben ustedes, el presidente de la SAE se sintió fuerte y respaldado por el gobierno, y decidió el 7 de febrero darle un golpe mortal a los barranquilleros al presentarse a la asamblea como propietarios de unas acciones que fueron vendidas y que el comprador, la empresa “K-yenas” pago el 50%, pactado en el contrato que se firmó el 3 de diciembre del 2021, y procedió, a pesar de la advertencia de la Procuraduría, para que no realizara la asamblea, y proponer una nueva junta directiva escogiendo a ocho de sus 10 miembros entre principales y suplentes. Solo dejaron el renglón que por estatutos le pertenece al Distrito.
El día 10 de febrero, en horas de la tarde se dan dos hechos aislados pero relacionados con este caso, el primero, el presidente Gustavo Petro en un Twitter escribió “He ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa triple AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”. El segundo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Daniel Rojas, lo suspendió por tres meses e involucro a otros funcionarios de la SAE, y al director de Superservicios Dagoberto Quiroga. “Según argumenta la Procuraduría, la sanción se produjo ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de la Triple A, y aun presunto detrimento patrimonial por incumplimiento del contrato”.
Ante la actuación por parte de Daniel Rojas, de decidir no darle cumplimiento al contrato y desobedecer las recomendaciones dadas por la Procuraduría, que no realizara la Asamblea del 7 de febrero, la Procuraduría decidió suspenderlo del cargo por tres meses e investigarlo disciplinariamente. Esta decisión de la Procuraduría no fue por persecución política como lo ha expresado en varios medios, ni por odio de clase como lo dijo en el municipio de San Benito (Sucre), como tampoco por lo que dijo en la entrevista con el periodista Daniel Coronell “Esa celeridad (de la Procuraduría) sí es bastante sospechosa (…) sobre todo cuando se trata de un detrimento patrimonial, que de eso se encarga es la Contraloría”.
Usted señor Daniel Rojas, fue sancionado por la Procuraduría por haber violentado el estado de derecho, al desconocer un contrato debidamente legalizado, firmado, pagado y en ejecución tal como lo reafirmó el señor Contralor General de la República. Nuestras leyes son claras al indicar como debe proceder un funcionario público para dirimir conflictos en un contrato o como proceder cuando cree que en un contrato hay un posible detrimento patrimonial o un posible vicio de legalidad. Usted no hizo lo correcto, ni cito a un tribunal de arbitramento, ni busco un arreglo directo, ni demando ante el contencioso, ni impetro denuncia con sus pruebas ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Era lo que usted debía haber hecho, pero con las pruebas pertinentes, para que sean esas entidades las que investiguen y se pronuncien. Pero usted, señor presidente de la SAE sintiéndose respaldado por el señor presidente Gustavo Petro, decidió convertirse en juez de la República violando nuestra constitución, la misma que usted juró respetar y defender cuando se posesiono. Se le olvido que solo un juez de la República es el único que puede decidir si un contrato es legal o ilegal, y que mientras no se diga lo contrario por un juez, los contratos firmados gozan del principio de la legalidad.
El otro error que usted cometió fue haber dicho en la rueda de prensa del 3 de enero, lo siguiente “En efecto lo que reclama Canal Isabel es que no se realice la enajenación temprana del bien hasta tanto el proceso no culmine” más adelante dice “obramos bajo el principio de precaución y expresamente bajo la égida o recomendación más que recomendación bajo la orden expresa del señor presidente de la República”. Se le olvido señor Daniel Rojas, que sus declaraciones involucran al presidente Gustavo Petro al afirmar que usted, como el secretario de Transparencia y el director de Super Servicios actuaron por orden expresa del presidente de la República. No tuvo en cuenta, como funcionario público de primer nivel, que el señor presidente de la República no está facultado por ley, para decidir si un contrato se cumple o no se cumple. Me resisto a creer que, a usted, como a los otros dos funcionarios, le haya dado esa orden el señor presidente Gustavo Petro, porque sus declaraciones ponen en duda el respeto del ejecutivo con sus contratistas. No midió usted, como el doctor Quiroga las implicaciones económicas y políticas de sus declaraciones, y el interés de ustedes en no darle cumplimiento a un contrato vigente. La ironía de la vida, es que sus copartidarios, como muchos medios de comunicación y redes sociales lo han convertido en héroe, el catón de la moral pública, sin razón alguna, porque su sanción es producto de los errores que cometió en el ejercicio de su cargo.
Señor presidente, hay que buscarle salida a este contrato, una de ella, es darle cumplimiento al contrato, entregándole el paquete accionario al Distrito a fin de que se nombre una junta directiva donde la mayoría de cargos los tenga el Distrito al quedar con el 74%, de las acciones. Esta decisión no implica que no se hagan las denuncias respectivas para que los organismos competentes realicen sus investigaciones, como tampoco impide que la firma que contrato el gobierno termine su trabajo y presente los resultados pertinentes.
La otra propuesta, es la que hiciéramos el 19 de abril del 2019, en un documento publicado en La Libertad y otros medios, titulado “Que viene para la Triple A con la extinción de dominio de las acciones de INASSA” En la cual le solicitamos al gobierno nacional que nos ceda a título gratuito el 50%, del 86.12% de las acciones que le pertenece a la Nación, y el otro 50%, que corresponde en partes iguales para la Rama Judicial y la Fiscalía, se lo vendan a las entidades territoriales a las que la empresa Triple A, le presta el servicio. Esta propuesta la hemos seguido haciendo desde esos años, en diversos documentos, al igual de las propuestas que hemos hecho para resolver el problema tarifario de la Región Caribe.
Eso es lo que queremos y coincide con sus planteamientos de que los servicios públicos preferencialmente deben ser manejados por el estado. Este conflicto le brinda esa oportunidad, está en sus manos hacerla dando por terminado todos los enfrentamientos que no deben existir entre el gobierno central y las entidades territoriales. Con esta decisión de común acuerdo se disuelve el negocio con la empresa “K-yenas”, y se hace directamente con el Distrito y los 14 municipios del Departamento del Atlántico,
LOS BARRANQUILLEROS ESPERAMOS DE SU GOBIERNO TODO EL APOYO NECESARIO PARA RECUPERAR LA TRIPLE A, COMO TAMBIÉN DISMINUIR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE NOS AQUEJAN.
