En Colombia el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) o seguro de desempleo –implementado por el Estado por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– no es efectivo como medida de protección ante el desempleo. Pese a esta medida de “protección”, los trabajadores informales, que son el 50 % la población económicamente activa del país, siguen viendo limitado su acceso a la salud y al ahorro para pensión, entre otros derechos.
Así lo estableció Gladis Marleny Vélez Montes, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, quien afirma que “en el mercado laboral colombiano predominan los trabajadores informales de subsistencia, quienes no alcanzan a cumplir los requisitos del MPC, es decir, no tienen prestaciones sociales y no reciben un salario mínimo, y para beneficiarse tendrían que, de su propio bolsillo, cotizar a salud, pensión y caja de compensación familiar, como sucede con los trabajadores que pertenecen al mercado laboral formal”.
Aclara además que “dicho mecanismo abriga únicamente a los asalariados formales y a los asalariados informales, es decir, vinculados a empresas de 5 empleados o menos, pero no a los informales de subsistencia”.
El MPC se creó en2013 para facilitar la vinculación al mercado laboral y disminuir la vulnerabilidad asociada con la pérdida de empleo, lo que lo convierte en la principal herramienta de las políticas de empleo del país.
Al beneficio acceden los desempleados cuyo contrato laboral haya terminado por cualquier causa y no cuenten con otra fuente de ingresos; quienes hayan estado afiliados a una caja de compensación familiar por mínimo un año, en caso de ser trabajador dependiente, o dos años como independiente, en el transcurso de los últimos tres años; y quienes se hayan inscrito en cualquiera de los servicios de empleo autorizados.
Además de los beneficios monetarios, a través de este se integran los servicios de intermediación laboral y la capacitación brindada por el SENA y las cajas de compensación familiar.
De igual manera, aquellos trabajadores que hayan realizado un ahorro de sus cesantías por un mínimo del 10 % del promedio del salario mensual durante el último año, si devengaban hasta dos salarios mínimos, y del 25 % del promedio del salario mensual durante el último año, si ganaban más de 2 salarios mínimos, recibirán un beneficio proporcional a lo ahorrado en el momento que queden cesantes.
El estudio realiza un ejercicio de evaluación de impacto a través del componente monetario del MPC en la informalidad y la duración de la cesantía, basado en la teoría de la búsqueda de empleo (Job Search Theory), con datos de la población económicamente activa de la encuesta de mercado laboral en Colombia, disponibles en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018.
Dicha teoría hace referencia al comportamiento racional de un individuo que busca trabajo, el cual, maximizando su utilidad, tendrá que decidir sobre sus oportunidades de ocio con base en el salario ofrecido, y en algunos casos con la tenencia de un beneficio por estar desempleado.
Con respecto a la GEIH, el análisis utiliza variables como afiliación a la caja de compensación familiar, acceso al subsidio de desempleo, tiempo que lleva buscando empleo, medio de búsqueda de empleo utilizado, y condiciones de informalidad registradas (educación, fuerza de trabajo, ocupados y desocupados).
La magíster menciona que “los datos son cortes trasversales repetidos cada trimestre, es decir que no se observa el mismo hogar ni el mismo individuo más de una vez en el tiempo”.
En este estudio se utilizaron los cuatro trimestres de 2018 para las 13 grandes ciudades con sus áreas metropolitanas. “Se eligió solo este año para descartar el sesgo por ciclos económicos presente si se tomara en un periodo más extendido”, indica.
El análisis de los datos se realizó con el método de Propensity Score Matching, que compara y estima los efectos del MPC mediante la diferencia en la probabilidad de participación en el programa entre dos grupos similares que difieren principalmente en que uno accedió al beneficio (tratados) y el otro no, pese a que cumplen las condiciones de acceso (control).
La magíster afirma que “en Colombia la informalidad alcanza cerca del 50 % de la proporción de ocupados, existe una economía subterránea importante que es subregistrada, y pocos empleos cuentan con remuneraciones adecuadas y prestaciones sociales”.
Esto implica una baja cobertura del MPC para los trabajadores del sector informal, debido al vínculo del beneficio con las prestaciones laborales de las que carecen y a la incapacidad de respuesta del largo plazo. De hecho, de 18.628 desempleados cesantes registrados en la GEIH de 2018, apenas 152 recibieron el beneficio.
“Dicha figura, como medida de protección ante el desempleo no es efectiva, si se quiere impactar el indicador de desempleo a nivel macroeconómico, porque no incluye a los trabajadores más vulnerables que son el porcentaje predominante del mercado laboral en Colombia”, asevera.
La duración del desempleo y la cobertura del MPC también se puede ver afectada por el desaliento que le genera al desempleado saber que el trámite y la asignación del beneficio requieren tiempo adicional para hacerse efectivos, y que el monto del aporte económico no alcanza a ser un sustituto del ingreso perdido, debido a que no asciende al 30 % del salario mínimo.
