Las manifestaciones de protesta que estallaron el 11 de diciembre contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron su máximo nivel de violencia este lunes con siete personas muertas, un centenar de policías heridos y el ataque a canales de televisión en Lima.
Al menos 25 puntos de la red vial peruana, incluida la carretera Panamericana, fueron cortados esta jornada, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional.
Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y la celebración ya de elecciones generales.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un «paro indefinido» a partir de este martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución.
Por su parte la presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó la tarde de este lunes ante el Congresoun proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, como lo había anunciado en un mensaje previo.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que aumentó a siete las personas que han perdido la vida en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.
«Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego», dijo Revollar a la prensa local. Los enfrentamientos más violentos tienen lugar en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de Boluarte.
Durante 60 días quedará suspendido en Apurímac los derechos constitucionales relativos a «la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la Constitución peruana.
Debido al enfrentamiento con los grupos de manifestantes, un total de 119 policías peruanos han resultado heridos, algunos de gravedad por golpes, según reveló el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola.
En Andahuaylas, los grupos de manifestantes atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron agredidos con explosivos, indicó Arriola. El jefe de la DIRCOTE afirmó que «el MOVADEF (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas», tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de MOVADEF «están infiltrados» en las movilizaciones.
Durante esta jornada, las protestas también se sintieron en Lima, donde grupos de manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público, así como los locales del canal América Televisión y de Panamericana Televisión, además de un vehículo de la emisora de radio Exitosa.
En el primer caso, los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la sede de América Televisión y Canal N en la céntrica urbanización limeña de Santa Beatriz, dañando ventanas y parte de la infraestructura del edificio. En otro punto cercano de la ciudad, atacaron la sede de Panamericana Televisión, ante lo que muchas personas empleadas por el medio corrieron a protegerse.
Castillo, por su parte, publicó esta jornada una carta manuscrita donde dice estar secuestrado y calificó de «usurpadora” a Boluarte.
