La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de una red señalada de ingresar al país cargamentos de celulares de contrabando.
De acuerdo con los elementos de prueba, los capturados son:
- Álvaro Yazid
- Miguel Ángel Vargas Ruiz
- Maritza Ruiz de Vargas
- María Estela Granados Araque
Estas personas, habrían constituido en Barranquilla (Atlántico) una empresa ilegal dedicada a la adquisición y comercialización de productos de tecnología.
Labores de policía judicial evidenciaron que, entre 2010 y 2019, estas personas, al parecer, ingresaron por diferentes puertos del país grandes cantidades de réplicas de teléfonos móviles de reconocidas marcas. Los equipos provenían de Vietnam, Taiwán, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados Unidos, Panamá e India, entre otros países.
La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos.
Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales.
Los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red delictiva los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de 147.000 millones de pesos; lavado de activos, en 10.000 millones de pesos; y contrabando.
“La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos”, explicó el ente acusador.
Esa misma investigación permitió conocer el modus operandi de la organización, por quiénes estaba integrada y los detalles expuestos en una audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares por cuantía de 147.000 millones de pesos, lavado de activos en 10.000 millones de pesos y contrabando.
“Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales”, se conoció luego de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de los cuatro procesados.
El tráfico y contrabando de los de las réplicas de celulares de alta gama estuvo activo por casi 10 años, pero fue el incremento patrimonial de quienes ahora fueron judicializados lo que llamó la atención de las autoridades, que decidieron investigar y se encontraron con esta red criminal que amasó una fortuna a través de esta modalidad.
“Los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”, explicó el funcionario de la Fiscalía.
El material probatorio recaudado por el ente acusador será usado para presentar los argumentos necesarios de cara a un eventual juicio en contra de los procesados y de esta forma obtener una condena, incluso avanzar en investigaciones relacionadas con la extinción de dominio.
