Bajo absoluto hermetismo, un juzgado de Barranquilla acaba de completar cinco audiencias en las que se legalizaron varias capturas y se pidieron medidas de aseguramiento para tres miembros de una misma familia de la Costa por un presunto fraude al fisco que bordea los 157.000 millones de pesos.
Incluso, se le pidió a la Interpol que ubique de inmediato en Europa (al parecer, en España) a un cuarto miembro de la misma familia. Los delitos que se les imputaron son fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando.
Además de las capturas, se ordenaron allanamientos a lujosos apartamentos.
La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía General y la Dian creen tener evidencia suficiente para demostrar que lideran una red que defraudó al Estado a través de importaciones irregulares de celulares de alta gama y sus partes y accesorios.
Además del monto, el caso cobra relevancia porque los procesados hacen parte de una familia de la Costa que suele aparecer en las páginas sociales del llamado jet-set barranquillero.
La Dian realizó una visita aduanera a las empresas. No se encontraron ni contabilidad ni balances al día.
Los lujos del clan
En efecto, una de las procesadas es Maritza Ruiz de Vargas, conocida docente de una universidad de esa ciudad.
Además, Ruiz ha sido anfitriona de decenas de reuniones sociales que han tenido como escenario su lujoso apartamento en el emblemático edificio Girasol, en el centro de Barranquilla, con vista de 360 grados.
Según los investigadores del caso, los lujos que se daban la dama y sus hijos contrastaban con los montos que le declaraban a la Dian por la importación de la mercancía. Y ese fue el punto de partida de la investigación.
El expediente y en éste se asegura que la red ha ingresado móviles de alta gama y accesorios por diferentes aeropuertos, con el fin de lavar activos bajo la modalidad de la subfacturación.
La defensa de los implicados se opuso a la legalización del material encontrado en los registros a apartamentos.
“Declaraban ante la Dian precios bajos e incluso hay evidencia de que falsificaban facturas para evadir impuestos”, aseguró uno de los investigadores y así se ventiló en la audiencia.
Al parecer, se usaba una cadena de siete empresas fachada, ubicadas en una misma dirección, y con el mismo objeto social, para canalizar el dinero.
Según el expediente, Ruiz de Vargas, conocida como ‘la Profe’, es la representante legal y accionista mayoritaria de algunas de esas firmas. También son procesados su hijo Álvaro Yazid Vargas Ruiz. Y otro más, Miguel, quien aparece como subgerente y encargado de realizar los giros al exterior.
Las interceptaciones
Hay un cuarto miembro de la familia cuya ubicación se le pidió a la Interpol.
La investigación se inició en 2015, a través de la recolección de información de bases de datos, interceptaciones telefónicas y estudios patrimoniales, financieros y contables.
Investigadores de la Polfa –hoy bajo el mando de la general Sandra Hernández– aseguran que se encontraron adulteración de facturas de compra en el exterior para declarar menos impuestos.
“Por medio de un estudio pericial contable, se logró establecer que las personas naturales y jurídicas no declaran ante la Dian la realidad económica de sus operaciones financieras”, explicó uno de los investigadores. Y agregó que entre los capturados también está una contadora de la familia.
Jesús Albeiro Yepes, abogado de la familia Vargas Ruiz, calificó de innecesaria la orden de captura contra sus clientes.
Habla la defensa
“Álvaro Vargas siempre ha estado compareciendo a las citaciones y ha entregado información. Considero absurdo e innecesario que se haya pedido su captura y la de los miembros de su familia”: Yepes.
El penalista Jesús Alberto Yepes, cuya oficina está a cargo de la defensa de los Vargas Ruiz.
El abogado empezó por quejarse de lo que llamó la “deslealtad procesal de la Fiscalía”.
“Mi cliente, el señor Álvaro Vargas, siempre ha estado compareciendo a las citaciones y ha entregado toda la información que se le ha requerido. Considero absurdo e innecesario que se haya pedido su captura y la de los miembros de su familia”, señaló Yepes.
Y agregó que en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se descartó un enriquecimiento ilícito y sus clientes quedaron en libertad, aunque siguen vinculados a la investigación y la Fiscalía apeló.
“En el momento procesal que corresponda esperamos demostrar el origen lícito de los recursos. No hay un origen oscuro de dineros. La discusión es si se facturó la mercancía al precio real”, explicó Yepes.
Y añadió que hay que tener fe en la presunción de inocencia y que esperan explicar todos los movimientos bancarios.
