Solo hasta el mes de septiembre se conocerán las diferentes problemáticas que encierra la adjudicación del proyecto.
El proyecto de obras en el canal del dique, el mismo que viene siendo cuestionados desde los diferentes sectores, quienes prevén las consecuencias que este podía traer, desde la Contraloría que está velando porque la empresa a la que se adjudique el contrato cumpla con la normatividad, hasta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes esperan que se realicen los protocolos forenses correspondientes en las zonas de dragado.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, recientemente anunció que la adjudicación de las obras del Canal del Dique se suspenderá por un mes, es decir, hasta el 12 de septiembre, “es una decisión prudente, necesaria y no podemos poner en riesgo a las comunidades ni al tema ambiental”, aseguró. Durante ese mes se escuchará a todos los actores involucrados en este proceso con el fin de “tomar la mejor decisión”.
Hasta el mes de septiembre se pondrán sobre la mesa las diferentes problemáticas que están al rededor de la adjudicación del proyecto. Desde el pasado mes de julio la JEP ordenó como medida preventiva un protocolo forense en el Canal del Dique. Dicho protocolo consiste en asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua.
La JEP, exige la ejecución de este protocolo debido a que el número de cuerpos desaparecidos asciende a 9.638 y se podrían encontrar en el marco de las obras de dragado que se proyecta realizar a lo largo de los más de 15 kilómetros del brazo artificial del río Magdalena.
El ministro de Transporte manifestó que las obras se harán en los tiempos que sean necesarios.“Yo no le tengo miedo a hacer las cosas pero a hacerlas bien, que no nos pase como lo del aeropuerto, seis años para decidir sobre una APP. No quiero que mañana con la ola invernal digan, vieron, no se adjudicó, fue culpa del gobierno del presidente Petro; o si adjudicamos con irregularidades digan descuidado, negligente y omisivo el gobierno nacional”, añadió.
La JEP manifestó su preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal”. Por esta razón, el próximo 21 y 22 de octubre de 2022, en Cartagena, se convocó una audiencia pública para escuchar a las comunidades afectadas, a los expertos, y a las autoridades públicas competentes.
Mientras llega la fecha se entablarán conversaciones con los diferentes actores involucrados en el proyecto y esperan tomar la mejor decisión que beneficie a todas las partes.
Las mesas de diálogo y socialización contarán con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de adjudicación del Canal del Dique, conformada por nueve integrantes de la Cámara de Representantes. Además, realizarán reuniones con autoridades locales, gremios y actores relevantes para este megaproyecto fluvial, que busca recuperar los ecosistemas degradados y mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región Caribe
Han sido varios los líderes sociales del Canal del Dique que señalan que en los últimos meses han realizado cuestionamientos a las obras en el cuerpo de agua manifestaron que han estado recibiendo amenazas por la labor que realizan. Asimismo indican que en las últimas horas les dejaron en las puertas de sus casas coronas fúnebres con mensajes intimidatorios.
Al respecto, la JEP rechaza las amenazas al indicar que estas personas “trabajan para que se conozca la verdad de lo que ha pasado en la zona del Canal del Dique, en el marco del conflicto armado”.
“La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le ordenó a la Unidad de Investigación realizar un estudio de seguridad para adoptar las medidas de protección pertinentes”, dijo la JEP en su cuenta de Twitter.
Es de destacar que la JEP le había ordenado a la Agencia Nacional de Infraestructura garantizar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de víctimas desaparecidas en la zona del Canal del Dique.
Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, se solidarizó con los líderes de la Alianza por la Defensa y Protección del Canal del Dique y solicitó a la Fiscalía, Policía y Unidad de Protección atención prioritaria, “Trabajaremos con el Ministerio para defender el territorio y la vida de los líderes ambientales”, señaló Muhamad.
El viernes pasado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamamiento a que el Estado les brinde “las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”.
