Luego de haber perdido la Triple A en la ciudad de Barranquilla tras decisión de la Fiscalía, se conoció que el Canal de Isabel II licita un contrato de un millón para “servicios de asistencia técnica en Public Affairs”
El Canal de Isabel II, con el Metro es la mayor empresa pública de Madrid, licita un contrato con un valor estimado de 1.183.680 euros (más IVA) para influir en políticos, periodistas y líderes de opinión de Colombia.
¿Cuál será la razón?
Cabe recordar que e finales de 2021, el gobierno colombiano aplicó una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y traspasar las acciones con las que la compañía española controlaba la empresa Triple A de Barranquilla.
La Fiscalía de Colombia considera que Inassa le cobró 68 millones de euros a la Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo.
Desde entonces, la compañía que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid lucha en tres frentes para defender los intereses corporativos y recuperar la inversión en la empresa Triple A: el diplomático, con contactos al máximo nivel gracias a la ayuda de la embajada de España; el legal, con la contratación de un despacho de abogados, y el de la influencia, con el nuevo contrato.
El objeto de este contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica en ‘public affairs’ (asuntos públicos) y comunicación estratégica, con el propósito de “elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión que esta empresa tiene en Colombia” en el procedimiento de “enajenación temprana” del 82,16 % de la participación accionarial de Canal Extensia América en la Triple A de Barranquilla, según la documentación publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Entre otras tareas, de acuerdo con la documentación, el adjudicatario del contrato deberá diseñar, planificar y ejecutar campañas de incidencia política, elaborar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia, dar apoyo en las relaciones con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la Unión Europea y establecer contacto con periodistas y líderes de opinión desplegando un plan de comunicación “para combatir las situaciones de crisis ante el riesgo de posibles ataques a la compañía“.
El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y, a finales de 2021, activó un mecanismo de “enajenación temprana“, es decir, de expropiación.
