Al parecer habría sido la causa de la deserción del proceso de paz por parte de Iván Márquez y Jesús Santrich en 2017.
La revelación se conoció a través del informe presentado por la Comisión de la Verdad, mediante el cual se deja al descubierto que la captura de Jesús Santrich obedeció a una operación donde trabajaron encubiertos tanto la DEA como el mismo ex fiscal Néstor Humberto Martínez, con la intención de inducir a Iván Márquez a reincidir en tráfico de drogas posterior al acuerdo de paz en la Habana, con la participación de Marín (sobrino de Santrich) y entorpecer el proceso de paz.
El intento de desestabilizar el proceso de paz en el país, habría sido todo un crimen de Estado que pretendía rearmar las nuevas guerrillas llamadas disidencias y continuar ocultando sus crímenes culpando a otros.
La Comisión de la Verdad hizo una de las mayores revelaciones que ante la mayoría de los medios de comunicación, pasó casi desapercibida la semana anterior.
Se trata del anexo de 56 páginas, bajo el título de “Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia”.
Dentro del anexo se revelaron detalles inéditos de una operación concertada que con su rampa buscaba la captura de Jesús Santrich y el rompimiento de un sector de las Farc, encabezado por Iván Márquez, lo cual llevaron a cabo.
Cabe destacar que la trampa, según revela La Comisión, documenta el papel que jugó Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador de las Farc, Jesús Santrich a quien en su intención de conducir a involucrarse en un negocio ilícito, buscarían deslegitimar el proceso de paz adelantado en la Habana.
Diseñó, operación y ejecución de concierto DEA-Fiscalía y Coronel del Ejército
El documento anexo de 56 páginas dejó claro las intensiones de desestabilizar el proceso en trese secciones:
- La captura de Jesús Santrich, exnegociador de las Farc
- Planeación, ejecución de la operación como también el papel que cumplido por Marlon Marín y un oficial retirado del Ejército, identificado como el teniente coronel Gustavo Adolfo Calvache Prado.
- El debate jurídico a partir de la captura del comandante guerrillero, esto, llevó a la JEP – Jurisdicción Especial para la Paz a pasar por una de las situaciones más difíciles desde su comienzo.
Lo que contiene el anexo de 56 páginas del citado informe da cuenta de las transcripciones de los audios de llamadas interceptadas, quedando en evidencia que el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, puso a la entidad que dirigía para el entramado, al punto de haber autorizado para tal fin el uso de cocaína incautada para el montaje y así lograr entorpecer a como diera lugar, el proceso de paz.
Estos aspectos han sido de suma importancia para la Comisión de la Verdad, pues con ellos se esclarecen las motivaciones políticas que conspiraron entorno a la captura de Jesús Santrich por parte del ente acusador como la Fiscalía General de la Nación bajo la dirección de Nestor Humberto Martínez.
Fue un verdadero entrampamiento que lo único que provocó fue un nuevo ciclo de violencia, dejando vulnerable la implementación del Acuerdo de Paz y motivando a que cientos de exguerrilleros retornaran a las armas, pretendiendo hacer ver ante la comunidad como un fracaso el Acuerdo de Paz.
Otros dos intentos para entrampar el acuerdo fueron revelados
Lo que más llama la atención de este informe revelado es que no fue un solo intento para entorpecer y desacreditar la legitimidad de los acuerdos de paz, fueron dos las confabulaciones.
El primero fue realizado contra Giovanny Álvarez Santoyo, fiscal de Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde además se vio envuelto el exfiscal Julián Bermeo.
El segundo fue contra Pilar Rueda, ex asesora de despacho del director de la UIA y esposa del senador Iván Cepeda, donde el coronel Calvache figura como protagonista de los dos intentos por provocar una crisis que desacreditara el Acuerdo de Paz.
La Comisión de la Verdad a conocer una carta de 2017 entregada a Iván Cepeda advierte acerca de una operación de desprestigio: “están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones técnicas por parte de un grupo especial conformado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y coordinados bajo la supervisión de la DEA en Colombia, esta unidad se llama Grupo SIU (Special Investigative Unit), cuya misión es la de recaudar pruebas para relacionarlos con la actividad de narcotráfico y lavado de activos de las bandas criminales que operan en el país”.
La carta agrega que “posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir. Este grupo está siendo dirigido por Mauricio Nieto, quien es funcionario del CTI y hermano del general Nieto, director de la Policía Nacional. Este grupo opera por fuera de la Fiscalía General de la Nación, tienen plena autonomía operativa y los equipos de interceptación y técnicos son móviles y cuentan con inmunidad y protección del gobierno de los Estados Unidos”.
Por ello, la Comisión de la Verdad hizo seguimiento al coronel retirado y por cinco fuentes ratificó su participación en la conspiración contra la JEP y también en el caso Santrich. “Sobre su papel en la operación encubierta de Santrich, las versiones señaladas por las fuentes apuntan a que este exteniente coronel tiene una relación de vieja data con la DEA y con miembros del CTI de la Fiscalía a quienes les vende información. Según una de estas fuentes, tras su salida del Ejército, se hizo contratar por la DEA para apoyar operaciones especiales al propio Ejército y un año después participaría en la operación contra Santrich”, revela el informe.
Asimismo, testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad señalan que el militar retirado “fue el que grabó el video de Bermeo” definiendolo como “un tipo torcido, medio informante de la DEA, que para quitarse los líos en Fiscalía, ayuda con las vueltas. Lo botaron del Ejército por narco, luego se va de informante de la DEA”. Más adelante el informe lo presenta como “un tipo que trabajó en inteligencia del Ejército, viene de un grupo que salió bravo con el expresidente Santos, tiene vínculos con la Fiscalía y tiene una oficina con un grupo de personas en la que transmiten información a varias agencias norteamericanas sobre temas de narcotráfico”.
Acorde a los datos entregado por Migración Colombia a la Comisión de la Verdad, fue un coronel retirado quien viajó 51 veces a Estados Unidos entre 2017 y 2021. No obstante, la Comisión de la Verdad no identifica plenamente la identidad del exmilitar por la imposibilidad de acceder a él para que diera su versión.
Dentro de una investigación adelantada por la revista Cambio, establece de manera clara la identidad, se trataría de Calvache, un oficial de inteligencia militar de larga trayectoria.
¿Quién es Calvache?
Es un exmilitar que ingresó a la Escuela José María Córdova, que ha formado parte de la Regional de Inteligencia Militar 7 y que a finales del año 2012, pasó a la IV Brigada con sede en Medellín, siendo comandante de la unidad, el general Nicasio Martínez. También llegó a ser comandante del Ejército y salió del servicio en medio del escándalo por los documentos revelados por The New York Times sobre el regreso de los falsos positivos. En 2013 fue comandante del Batallón de Inteligencia Estratégica (BINTE). A pesar de su trayectoria, en 2017, Calvache no fue convocado a curso de ascenso y, por el contrario, fue llamado a calificar servicios, a pesar de que, según unas fuentes, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez habría intercedido por él.
Gustavo Calvache es hermano de Jaime Enrique Calvache Prado, capitán del Ejército que fue condenado por falsos positivos, quien luego se integró a los grupos paramilitares, y fue detenido en Florencia, Caquetá, en el año 2002. Y según fuentes que dan cuenta de su trayectoria, el coronel Calvache fue uno de los implicados en el caso de la sala de interceptaciones Andrómeda, donde se les hizo seguimiento ilícito a los negociadores del gobierno y las Farc que se encontraban en La Habana.
Asimismo al teniente coronel le figura en algunos líos judiciales, entre las que se conocen denuncias del condenado exsenador Otto Bula, quien señaló que Calvache y el fiscal Rodrigo Aldana lo estaban presionando para cambiar su testimonio en el caso de Odebrecht. Calvache ha tenido cuatro procesos en la Fiscalía pero hoy todos aparecen como inactivos.
“Más allá de la participación de este excoronel, asunto sobre el que falta mucho por esclarecer, el personaje sobre el que se sustenta todo el proceso judicial contra Santrich es Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez”, concluye el documento.
Marlon Marín o Iván Marquez
El concierto de la DEA, Fiscalía y el coronel del Ejército, se valieron de una histórica fractura entre Timochenko e Iván Márquez, fricción que entre ambos (comandante de la guerrilla y el jefe negociador del Acuerdo de Paz) fue vista como una oportunidad por las agencias de inteligencia estadounidenses que, desde antes de 2016, ya tenían ubicado su objetivo: Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez.
Entonces la manera más fácil para llegar ahasta él fue por medio de su sobrino Marlon Marín, conocido como “pirulo” en las Farc pero que nunca perteneció a la organización.
Marín era un negociante inescrupuloso que básicamente traficaba favores valiéndose de su lazo familiar con el comandante guerrillero. Según los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, Marlon Marín servía de apoyo en algunas tareas y, al parecer, habría colaborado con la DEA desde 2015, cuando recibió la visa americana.
En el año 2016, se da el primer entrampamiento concertado entre la DEA,Fiscalía y el Coronel, esto, cuando la Unidad de Delitos contra la Salud Pública de la Fiscalía interceptó el celular de Guillermo Grosso, presidente de Cafésalud procesado por presuntos actos de corrupción. En una de esas llamadas Grosso habla con otra persona de que requiere una cita con Márquez. El interlocutor del directivo de la EPS menciona a Marlon Marín como el conducto para llegar al exjefe guerrillero.
En noviembre de 2016 se da la segunda aparición de Marín, cuando buscaba patinar unos proyectos en las zonas veredales donde se concentraron los guerrilleros. La propuesta tenía un valor de un millón de dólares mensuales y ya Grosso figuraba en la operación. Con estos elementos se ordena interceptar el teléfono de Marín. La Fiscalía registra entonces que Marín hace parte de una estructura de corrupción para desviar recursos de la paz. Y aquí entra en escena el entonces fiscal general de la nación.
“Según relata un exalto funcionario, Néstor Humberto Martínez, fiscal general, le pidió cita al presidente durante el segundo semestre de 2017 para contarle sobre interceptaciones en las que Marín estaba haciendo tráfico de influencias con la plata de la paz. Como se trataba de plata internacional, era muy delicado porque involucraba recursos de la Comunidad Internacional que apoyó el proceso. Aparte de lo anterior, Néstor Humberto Martínez menciona, tanto en su libro, como en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos el 19 de octubre de 2017 que estaban investigando a Marín”, cita el informe.
Desde este momento, la Fiscalía empieza a oír llamadas en que Marín habla con “empresarios extranjeros de negocios raros”. “Una voz masculina de acento extranjero (posiblemente de México o de Centroamérica) (….) se hace referencia a una aparente negociación ilícita consistente en movimientos de dinero (“documentos”) desde Estados Unidos hacia Colombia, para el traslado o entrega de 5.000 paquetes o “televisores” (podría tratarse de elementos ilícitos o dinero) desde Colombia al exterior, posiblemente hacia México o Estados Unidos. Para tales efectos hablan de realizar una negociación inicial por 300 con el objeto de tener confianza y luego si efectuar otras más grandes (mencionan 1, 2, 3, 4 o 5; podrían ser miles o millones de dólares)”, consigna el documento.
Sin embargo, al respecto fue una fiscal subalterna la que le advirtió a Néstor Humberto Martínez que “en su criterio, podría tratarse de una actuación judicial internacional porque en las conversaciones eran demasiado explícitas, como si deliberadamente quisieran dejar huella de lo que acontecía”.
Otro testimonio advierte que Marlon Marín apareció en Caquetá un mes después de la captura de Santrich “lleno de plata. A mí me dio 500.000 pesos, a otros familiares cositas”, agregó. “A Marlon le dieron después de la captura de Santrich un delegado estadounidense acá en Colombia para ofrecerle protección y nosotros nos comunicamos con él”, detalla el informe, que, además, retoma un trabajo de El Espectador que coincide con el testimonio, pues al parecer los mexicanos que se presentaron como inversionistas eran agentes de la DEA, la droga que se utilizó como adelanto del “negocio” la entregó la fiscal 14 especializada Bertha Neira, y recibió $22.500.000 para la compra de 5 kilos de coca. Las explicaciones de Marín al respecto son contradictorias y poco creíbles.
“De acuerdo con información oficial de Migración Colombia Marlon Marín salió del país el 16 de abril de 2018, siete días después de su captura, con destino a Montreal en Canadá y ese mismo día aterrizó en Nassau, la capital de Bahamas. Marín viajó a Estados Unidos con hombres de una agencia federal de ese país para colaborar con la justicia. El gobierno gringo desistió de una petición de extradición en su contra y eso llevó a que se presentara voluntariamente ante los agentes de ese país. Marín terminó ofreciendo colaboración en el proceso contra Santrich a cambio de beneficios judiciales”.
Lo único cierto de todo esto tras finalizar el anexo de 56 páginas revelado dentro del informe revelado por la Comisión de la Verdad, es que el país aún no conoce lo que en realidad ocurrió en la trasescena de la captura de Jesús Santrich.
EL informe si evidencia que tanto la DEA y la Fiscalía General de la Nación se asociaron o concertaron buscando desestabilizar y acabar con los Acuerdos de Paz.
Finalmente señala que después de la operación de entrampamiento se multiplicaron las disidencias, pasando de 7 a 20; 338 firmantes del acuerdo han sido asesinados, al menos la mitad por sus excompañeros de armas que se retiraron del proceso.
Es de aclarar que el entonces senador y hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego lo había advertido en su cuenta de Twitter en Noviembre del 2020, cuando hizo referencia al tema.
