Un proyecto de ley que busca garantizar que las personas que han sido condenadas tengan derecho a impugnar sus sentencias y fallos sancionatorios, radicó en el Congreso de la República el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
“Nuestro proyecto de ley pretende que las personas condenadas o sancionadas en procesos judiciales o administrativos, accedan al derecho a que se revise la decisión por parte del juez o la autoridad administrativa correspondiente, lo que se conoce como la doble conformidad, que es un derecho fundamental”, señaló Camargo.
Esta garantía se establece no solo en el derecho penal ordinario sino igualmente en la Jurisdicción Penal Militar, en procesos sancionatorios en la jurisdicción contencioso administrativa y en aquellos procesos sancionatorios ante la Procuraduría General de la Nación o ante la Contraloría General de la República.
Es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han exhortado varias veces al Congreso para que se regule este derecho. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la importancia de adecuar las leyes de nuestro país a los estándares internacionales. Este proyecto de ley viene a suplir este vacío normativo y lo hace conforme a lo dispuesto por las altas cortes en el país.
El proyecto de ley radicado en el Senado de la República, tiene como objetivo reglamentar el artículo 29 de la Constitución. “Con esta iniciativa buscamos que se respete el debido proceso y que nuestro país armonice su legislación con lo establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, aseguró Carlos Camargo.
La iniciativa que deberá discutir el Congreso recién posesionado no se aplicaría en las jurisdicciones indígena y de paz, ni en los procesos de Justicia Transicional. Es importante destacar que la impugnación en la doble conformidad la podrá ejercer la persona que ha sido condenada por primera vez dentro de un proceso penal o sancionatorio.
“Esperamos que el Congreso debata y apruebe esta iniciativa que es clave para garantizar los derechos humanos de las personas condenadas y es una deuda que tenemos para que no se vulneren las garantías al debido proceso”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
