Procuraduría plantea inquietudes por licitación de acueducto de Soledad
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, designó a la procuradora 363 Judicial II, Katia Alvarado Martínez, para que adelante una vigilancia especial como actuación preventiva a la licitación que adelanta el municipio de Soledad, Atlántico, para una concesión del servicio de agua y alcantarillado en la población por más de 365 mil millones de pesos.
Alvarado en el análisis del proceso pide al alcalde Rodolfo Ucrós resolver inquietudes que generan los documentos previos publicados en el Secop II.
El organismo observa que en el análisis del sector el municipio no desarrolló un análisis de comportamiento del contratista, cronogramas, imposición de sanciones y garantías. Tampoco evidencia justificaciones y estudios rigurosos del mercado.
La Procuraduría pregunta a la administración Ucrós por qué en la estructuración del proyecto usa “pliegos tipo infraestructura de agua potable y saneamiento básico, destinados para los contratos de obra, y no de prestación de servicios, teniendo en cuenta que los contratos de concesión tienen condiciones específicas”.
Además, dice la procuradora que “causa preocupación que la Alcaldía tenga como propio riesgo la falta de capacidad de la entidad adelantar la selección del contratista y que además de ello, determine adoptar el mecanismo jurídico que permita subsanar esa deficiencia, cuando estas actuaciones deben contemplarse previo a la publicación de la licitación con un equipo de expertos o consultoría.
Al igual que han advertido los gremios, el organismo de control considera “altamente preocupante” la falta de infraestructura del nuevo operador debido a que el contrato de concesión que se licita cobija el 48% de los usuarios del municipio, unos 77 mil suscriptores. El servicio al 52% restante continuaría siendo prestado por la Triple A, por lo que se requerirá contar con captación, tratamiento y bombeo del agua potable, así como con redes de distribución propia tanto del acueducto como alcantarillado, lo que requerirá inversiones que repercutirán en aumento superior de las tarifas.
Para Alvarado “no es claro cómo técnicamente dos operadores distintos atiendan simultáneamente un sistema de distribución interconectado”.
El organismo pregunta ¿Qué consecuencias puede tener la tarifas a los usuarios que el nuevo operador deba comprarle agua en bloque a la Triple A, ya que el 100% de la producción de agua actualmente se hace en la PTAT de su propiedad?
Y considera que en el caso de haber diferencias entre el nuevo operador y Triple A, la Alcaldía de Soledad toma un papel pasivo al dejar que los terceros bajo intervención de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, resuelvan diferencias, cuando es la administración la que debe dar garantías en la continuidad del servicio durante la transición.
Así mismo señala tener dudas en la estructuración del estudio de costos y tarifas y al modelo financiero de una concesión por 25 años sin tener la información de los bienes que Triple A deba revertir.
