La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pidió, de manera urgente, a las instituciones competentes que se investigue y se sancione a los responsables del asesinato de Juan Orlando Moreano, gobernador suplente del resguardo Awá Inda Sabaleta y de los dos guardias indígenas que lo escoltaban, Jhon Nastacuas y Carlos García, el pasado fin de semana en Tumaco, Nariño.
«El pueblo awá, pese a estar en situaciones tan adversas, hoy es prueba de dignidad y resistencia para pervivir físicamente y continuar existiendo como pueblo diferenciado», precisó la JEP, al «lamentar, condenar y rechazar profundamente» los crímenes.
Según un comunicado de la Asociación de Autoridades Tradicionales Awá y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá, los tres integrantes de la comunidad, fueron asesinados a plena luz del día, frente a los ojos de la comunidad y en presencia de autoridades tradicionales y guardias indígenas.
Denunció que en la región del pacífico nariñense hay comunidades del pueblo indígena Awá que se encuentran sitiadas por actores armados, por lo que solicita «de manera urgente un acompañamiento integral a través de una comisión humanitaria, ya que hay familias confinadas y otras autoridades que siguen en riesgo».
De igual manera, afirma que se requieren medidas inmediatas de protección a consejeros, guardias, gobernadores y, en general, autoridades indígenas que se vieron afectados.
«Desde hace décadas nuestro pueblo Awá ha sufrido las crueldades del conflicto, pero en los últimos años las violaciones a derechos humanos se han agudizado, poniendo en riesgo la vida de nuestras autoridades, como lo advierte la Alerta Temprana No. 045 de 2019 de la Defensoría del Pueblo, según la cual se encuentran en especial situación de riesgo los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de la organización UNIPA», subraya el comunicado.
Destaca que las amenazas, confinamientos, desplazamientos, asesinatos, masacres, intimidaciones y otras prácticas que atentan contra su supervivencia de nuestro pueblo Awá han sido visibilizadas por la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, el 174 de 2011 y el 620 de 2017 y que además, a través de Medidas Cautelares, tanto de la CIDH (MC-6111), como las de orden judicial solicitadas en el marco de los procesos de restitución de tierras de diferentes resguardos.
Sin embargo, advierte que a pesar de toda esta protección jurídica, el exterminio a las comunidades Awá no ha cesado y puntualiza:
«Como pueblo Awá UNIPA, con nuestra ley de origen, la cosmovisión inkal Awá y nuestros principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, rechazamos el accionar violento de estos actores armados y elevamos una voz de alerta para que pare la masacre contra nuestro pueblo. Con todos estos hechos se ha agudizado el exterminio físico, cultural y espiritual del pueblo Awá, quienes somos gente pacífica que busca vivir en armonía con su territorio. La pérdida de nuestras autoridades rompe el tejido social comunitario, genera pánico en la comunidad y elimina la esperanza frente a un futuro de paz. Queremos trascender esta etapa de horror y violencia».
«Necesitamos dejarle a las nuevas generaciones un territorio libre de guerra. Hacemos un llamado de urgencia a los entes del Gobierno, a nivel local, departamental y nacional, como la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Nariño, al Distrito de Tumaco, la Personería, la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y demás entidades competentes, para que garanticen la atención humanitaria a la
población indígena Awá que todavía se encuentra en riesgo inminente y a las familias víctimas de los hechos recientes.
«A los organismos nacionales e internaciones, defensores de derechos humanos y demás organizaciones amigas, que nos acompañen en las labores humanitarias de la Guardia Indígena y en la visibilización de esta crisis.
«A la sociedad civil, que se sensibilice frente al horror de esta guerra que aún no ha terminado y que nos afecta directamente, como lo hemos venido denunciando».
Finalmente exigen «respeto por la vida», «la desactivación de las prácticas de violencia y horror de nuestro territorio ancestral» y «nuestro derecho fundamental a la vida, la paz y el buen vivir. Seguimos en Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá UNIPA».
