Así lo decidió el Tribunal Superior de Bogotá que luego de revisar la apelación de la condena, decretó la nulidad de la misma y le ordenó al juez que no otorgue beneficio alguno al empresario hasta tanto Carlos Mattos repare a las víctimas y se establezca realmente cuánto fue el daño, toda vez que no que el pago de 2 millones de dólares que ofreció no es resarcible.
Frente a esto, se conoció que el mismo magistrado Alberto Poveda le «jaló las orejas» tanto a la Fiscalía como también al apoderado de la Rama Judicial como víctima, dada su negligencia de no tasar bien el daño patrimonial sufrido, “Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, señaló el magistrado de la Sala Penal.
El magistrado Alberto Poveda, asimismo hizo énfasis en determinar las ganancias que obtuvo el empresario Carlos Mattos gracias a los funcionarios y empleados corruptos,lo que implica llevar a establecer el tiempo en que permaneció la medida que permitió ilegalmente la exclusividad en la venta de vehículos, la cantidad de automotores vendidos durante dicho lapso y la ganancia específica por cada automotor negociado, “Así, por ejemplo, si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar”, dijo Poveda.
Cabe recordar que la condena que habían dictado en contra de Mattos el pasado 9 de mayo por un juez penal del circuito de Bogotá, fue impuesta luego de que el empresario aceptó de manera voluntaria los cargos ante de comenzar el juicio en su contra.
Sin embargo, Carlos Mattos, según la Fiscalía General de la Nación, ya había sido condenado pagar una multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos, al igual que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 96 meses.
Se recuerda que la Fiscalía en su momento acusó al empresario Carlos Mattos por sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, para lograr acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que ésta llegara al despacho del juez Reinaldo Huertas, que fallaría a su favor en hechos que se remontan a 2015, época en la que la compañía Hyundai Motor Company retiró la representación de la marca en el país a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia.
Cuando el empresario Mattos demandó en Colombia a Hyundai en busca de una reparación por los daños ocasionados al haberle retirado la representación de la marca, comenzó el proceso, donde después de dos meses de haber presentado la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Huertas falló a favor de Mattos, truncando así la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la Hyundai Colombia (reclamante).
